Durante el curso de entrenamiento en Mexicali, Baja California, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resultó muerto.
Tras el incidente el titular de la Secretaría de dicha institución, Luis Cresencio Sandoval González, emitió una recomendación donde la CNDH pidió que se imparta un curso de capacitación integral de formación en derechos humanos, dirigido a las integrantes de centros de adiestramiento en el Edomex y Baja California, enfocados a prevenir hechos similares.
El suceso ocurrió en el 2020 cuando se realizó un curso de fuerzas especiales en el desierto. Los cursantes cubrían los bunkers que anteriormente habían excavado, el servidor público que fungía como instructor ordenó a la víctima que se introdujera en el búnker número 8, a lo cual obedeció Una vez dentro, el instructor ordenó que lo taparan, por lo que arrojaron tierra y lo sepultaron.
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Posteriormente, se ordenó a otros cuatro elementos que se introdujeran al mismo búnker y también los enterraron, tan es así que un instructor caminó sobre la tierra que los cubría.
“Auxiliados por compañeros que se encontraban fuera del búnker en ese momento, cuatro de los sepultados lograron salir sin darse cuenta de que la víctima quedó al interior, ni en qué momento fue ingresado al mismo. Una de las personas que había estado enterrada se percató de que había perdido su cargador, por lo que, al buscarlo al interior del búnker apareció la víctima, quien yacía inconsciente, por lo que fue trasladada a un hospital. No obstante, al llegar al nosocomio ya se encontraba sin signos vitales”, señaló la CNDH.
Por tal motivo, El organismo pidió que se imparta un curso de capacitación integral de formación en derechos humanos, dirigido a las integrantes del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales Temamatla, Estado de México, y del Centro de Operaciones en Desierto, Laguna Salada, Baja California, ambos del Ejército Mexicano, enfocados a prevenir hechos similares a los que dieron origen a esta Recomendación.
También, la CNDH solicitó a la Sedena que se inscriba a las personas afectadas por estos hechos en el Registro Nacional de Víctimas, y que proceda a la inmediata reparación integral del daño ocasionado a las víctimas indirectas, que incluya una compensación justa y suficiente tomando en cuenta la gravedad de los hechos, además de que se les otorgue atención médica integral y psicológica permanente.
Con información de: El Universal
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