La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a los gobiernos estatales corregir la reclusión irregular en las cárceles municipales a fin de mantener su objetivo como centros para el cumplimiento de sanciones administrativas o en su caso, adecuar las instalaciones para convertirlas en estatales.

Ello, a fin de reparar la irregularidad en las condiciones de las personas procesadas o sentenciadas privadas de su libertad, que se encuentran recluidas en cárceles municipales o distritales, destaca la recomendación general número 28 publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación.

Señala que las cárceles municipales o distritales son espacios concebidos constitucionalmente bajo una naturaleza administrativa distinta a la penal para que los infractores cumplan un arresto administrativo más no una pena de prisión.

Además con la expedición de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que a partir de su entrada en vigor quedaron abrogadas las leyes de ejecución de sanciones penales en las entidades federativas, muchas de las cuales otorgaban a las cárceles municipales atribuciones contrarias a lo establecido constitucionalmente.

Por ello, el organismo nacional recomendó a los gobiernos estatales a gestionar los recursos presupuestales y administrativos para destinar los recursos humanos, materiales y financieros suficientes a fin de que los centros estatales puedan recibir a los internos que sean trasladados de los penales municipales, de acuerdo con la normatividad en materia de ejecución penal.

También sugirió emprender las acciones necesarias ante el Poder Judicial respectivo a efecto de que los internos procesados y sentenciados que se encuentran actualmente recluidos en cárceles municipales sean trasladados a los establecimientos penitenciarios estatales más cercanos a su domicilio.

En su caso, pidió, adecuar las instalaciones de las cárceles municipales y se conviertan en estatales, en las que se puedan internar dignamente personas procesadas o sentenciadas; y en un lugar distinto, se habiliten espacios para la detención de personas por faltas administrativas.

La presente recomendación es de carácter general y pública; se emite con el propósito de promover cambios y modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos y para eliminar las mismas y se subsanen las anomalías de que se trate.

Agencias