Cancún.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades como falta de comprobación en contratación de escoltas, gasolinas, alimentos y viáticos, en la cuenta pública 2020 del “Fondo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, que opera la Secretaría de Gobernación (Segob).
El resumen de Observaciones y Acciones se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y los 13 restantes generaron: 15 Recomendaciones, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Independientemente que la ASF hizo notar la falta de reglamentos administrativos, manuales de procedimientos y guía de utilización de formatos, la dependencia revela que “No se acreditó que se dio puntual supervisión a la prestación de servicios a los beneficiarios del mecanismo ni que se contaba con la evidencia que acreditó la prestación del servicio y su supervisión”.
Los integrantes del Consejo del Mecanismo de Protección fueron omisos en cumplir con lo establecido en la ley; pues “No se vigiló que el prestador de servicios contratado para atender los servicios requeridos para el Mecanismo de Protección contara con los recursos humanos, técnicos y demás necesarios para prestar el servicio…”; eso sí, subcontrató el servicio de escoltas.
Las Inconsistencias
Las inconsistencias entregadas a la Cámara de Diputados por la ASF, están que aun no está extinto el “Fideicomiso de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”; así como diversas inconsistencias en el seguimiento de los servicios contratados con RCU, Servicios, S.A. de C.V., tales como:
- No se acreditó que se elaboró el cuestionario formalizado por cada beneficiario al recibir el manual de uso de conformidad con las medidas implementadas.
- Tampoco se sustentó que se elaboró el protocolo para la operación de la central y atención de emergencias de la central de monitoreo para la atención de alertas.
- En 136 casos, el reporte de activación de alarmas de los meses de enero a diciembre de 2020 no presentó evidencia del funcionamiento de dichas alarmas ni de su uso por parte de los usuarios.
Asimismo, no se acreditó que se elaboraron las bitácoras de las llamadas telefónicas realizadas a los beneficiarios por el personal encargado de realizar el seguimiento, y no se acreditó que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos contara con los reportes de servicios quincenales emitidos por el prestador de servicios ni con la memoria fotográfica de los botones de asistencia, así como con las órdenes y reportes de servicio emitidas.
Otras irregularidades son la falta de testigos para los pagos: en la partida 34 (escoltas), los reportes no contaron con la firma autógrafa de validez del servicio ni con los nombres de los escoltas y no se proporcionó la memoria fotográfica y el perfil de los que prestaron el servicio; de la partida 36 (gasolina), la bitácora de consumo de combustible de 2 vehículos no es coincidente contra el reporte de instalación, y en 6 facturas de 6 vehículos, las bitácoras no son coincidentes contra las memorias fotográficas, ni se proporcionó la bitácora de consumo que justifica el cobro de 1 factura.
Mientras que de la partida 37 (Alimentación) se observó que se realizó un cobro indebido por 10.3 miles de pesos derivado de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, y de 9 facturas no se acreditó la prestación de los servicios de los que se pagaron 55.7 miles de pesos por concepto de arrendamiento de sensores, de servicios de suministro de gasolina, de un arrendamiento de inmueble amueblado (refugio de seguridad) y de un arrendamiento de equipo de telefonía satelital. Asimismo, del pago de la partida núm. 18 “Arrendamiento de vehículo ordinario …” de un beneficiario se duplicó un día de servicios por 0.9 miles de pesos, y en la partida núm. 1 “Arrendamiento de botón de asistencia …” se realizó un pago en demasía por 2.0 miles de pesos.
Empresa liga a García Luna
El 25 de diciembre pasado, el diario “Los Angeles Time” publicó un amplio reportaje titulado “RCU Sistemas, la empresa ligada a (Genaro) García Luna que ha convertido en millonario negocio el cuidado de los periodistas en riesgo”.
Ahí, da cuenta de la muerte de 14 periodista en el 2020 y en el 2019 otros 13 comunicadores también corrieron la misma suerte. Además, la evidente falta de responsabilidad de la empresa contratada para cuidar a los protegidos por el Mecanismo, las que consistían en contar con escoltas asignados por la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V., la empresa subsidiaria del Mecanismo de Protección, la que vende servicios de seguridad al Mecanismo desde que este organismo nació en el 2012.
Por último, en relación con la extinción del fideicomiso, al 14 de julio de 2021 no se había dado cumplimiento al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, respecto de concentrar en la Tesorería de la Federación, al 31 de diciembre de 2020, los recursos disponibles, ni se realizaron los trámites para la extinción del mismo.
