Eduardo Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entre 1995 y 1999, presentó a través de su defensa, una demanda de amparo para tratar de impugnar la validez de la orden de aprehensión girada en su contra por el delito de extorsión agravada.
Detenido desde el pasado 23 de febrero en Madrid, España; Fernández no logró la suspensión de los mandamientos judiciales en su contra, por lo que sus abogados ya presentaron dos recursos de queja que deberán ser resueltos por tribunales federales.
En contraste, su secretaria Patricia González, quien ha sido imputada en la misma causa penal por llevar dos cartas de Fernández a unas oficinas de Televisa localizadas en Paseo de la Reforma y Monte Everest, logró la suspensión de la orden de aprehensión girada en su contra tras presentar por separado una demanda de amparo el pasado 28 de febrero.
Registros judiciales señalan que la suspensión provisional dictada a su favor obedece a que el delito que se le imputa – el de extorsión agravada –, no amerita prisión preventiva oficiosa.
De hecho, este jueves 7 de marzo, estaba programada una audiencia de imputación contra la secretaria de Eduardo Fernández, pero la comparecencia se canceló a petición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Fuentes judiciales indicaron que tras la suspensión de la audiencia en la causa penal 012/2841/2023-OA, deberá ser la propia Fiscalía capitalina quien solicite programar una nueva fecha para la audiencia de imputación en contra de Patricia González.
Para poder enfrentar su proceso en libertad, González tramitó un juicio de amparo para impugnar cualquier “orden de aprehensión, detención, retención, búsqueda, localización y comparecencia”, así como su ejecución material.
De acuerdo con el expediente 209/2024 radicado ante la Jueza Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Ruby Celia Castellanos Barradas, admitió la demanda y le concedió una suspensión provisional a la secretaria de Fernández para evitar su detención.
Para hacer efectiva la suspensión, la defensa de Patricia González pagó una garantía o fianza de 24 mil pesos, la cual estará vigente hasta que la juzgadora federal resuelva el fondo de la controversia.
“Intégrese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual, anexa el billete de depósito, a fin de que siga surtiendo efectos la suspensión provisional concedida”, señala un extracto del acuerdo judicial.
El amparo de Eduardo Fernández
La defensa del presidente de la CNBV, Eduardo Fernández García, presentó el pasado 26 de febrero una demanda de amparo para impugnar la orden de aprehensión girada en su contra por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, Júpiter López Ruíz.
La demanda de amparo fue admitida por el Juez Sexto De Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, de acuerdo con el expediente 164/2024.
El amparo buscaba frenar cualquier “orden de aprehensión, detención, retención, búsqueda, localización y comparecencia” girada por jueces penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como su posible extradición a México.
Sin embargo, le fue negada tanto la suspensión provisional como definitiva, por lo que su defensa ya impugnó ambas resoluciones ante tribunales colegiados.
El juez de la causa notificó a la Fiscalía capitalina de la admisión de la demanda y solicitó al Ministerio Público que el amparo se haga del conocimiento de los terceros interesados, es decir, de Televisa y sus ejecutivos, los cuales se ostentan como parte agraviada en la acusación contra Eduardo Fernández.
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“Se requiere a las autoridades jurisdiccionales responsables que al rendir su informe justificado, hagan del conocimiento a quién o quiénes les pudiera asistir el carácter de terceros interesados en el juicio y qué agente del Ministerio Público o fiscal intervino en la resolución reclamada”.
La defensa del ex presidente de la CNBV también notificó al juez de amparo de “la detención del quejoso en diverso país”, por lo que el impartidor de justicia le solicitó a los defensores de Eduardo Fernández aclarar “cuál es su pretensión con la presentación de su escrito” en un plazo de tres días.
(Con información de aristeguinoticias)
