El gobierno de AMLO autorizó al gobierno de Estados Unidos “entregas controladas” de cocaína en México, con la finalidad de rastrear tanto la droga como el dinero con el cual se pagaría la mercancía a fin de ubicar a los grupos delictivos detrás del tráfico de drogas.

La práctica no es nueva, ya que académicos han documentado qu esto ocurre desde la década de los 50 del siglo pasado. Y que incluso se ha hecho con o sin el conocimiento de los gobiernos mexicanos en turno, aunque en algunos como el de Felipe Calderón, era aún mayor la colaboración con los Estados Unidos.

El agregado judicial de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá envió una carta por correo electrónico al director de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Era 16 de diciembre de 2020. Dos meses atrás había solicitado el uso de agentes encubiertos para realizar una entrega controlada de cocaína, pero hubo un abrupto cambio de planes con base en nueva información de inteligencia.

Y es que a dicha operación se agregaría México como país de tránsito rumbo a los Estados Unidos. Incluía el permiso de transporte de hasta 200 kilos de coca, 5 kilos de heroína, 20 kilos de metanfetamina y 20 kilos de alguna otra sustancia sintética ilegal no especificada. También la utilización de hasta 2 millones de dólares para pagos y transacciones.

El membrete de la misiva anunciaba a la División Criminal del Departamento de Justicia, y la solicitante directa era la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. En la carta también pidieron permiso y apoyo para realizar vigilancias y seguimientos, búsquedas selectivas en bases de datos e intercepción de teléfonos de los criminales para obtener evidencia que en el futuro les pudiera ayudar a nuevas capturas y extradiciones.

La comunicación cerró con la certeza de que la diplomacia mexicana ya estaba enterada y aprobaba el eventual cruce de drogas por su territorio.

“El gobierno de los Estados Unidos, a través de su agencia DEA, ha comunicado el origen y propósito de esta operación a las autoridades apropiadas de México, específicamente la Policía Nacional de México, a través de canales diplomáticos en México. Con esta solicitud la DEA afirma que esta operación ha sido autorizada en México”, se lee textual en la carta del gobierno de los Estados Unidos enviada a la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

El gobierno colombiano aceptó la incorporación de dos agentes encubiertos miembros del Grupo Apoyo Estupefacientes SIU (una estructura nacional que opera en apoyo de la DEA en Colombia y otros países), acompañados de dos agentes de control para supervisarlos y apoyarlos. La operación general fue calificada como de riesgo medio, pero el trabajo de los agentes de riesgo alto.

La misión no era fácil. Primero tenían que ganarse la confianza de la organización delictiva para que les permitiera comerciar con la droga y lavar el dinero. El gobierno colombiano les dio permiso para pactar con el crimen y acudir a lugares públicos y privados: domicilios, trabajos, habitaciones de hoteles y fincas. A la operación la llamaron New Generation.

“Se requiere emplear esta técnica especial de investigación por cuanto no existe otro medio legal para lograr el objetivo que se quiere alcanzar en las presentes diligencias, que a partir de esta técnica de investigación que es permitir que una mercancía de carácter ilegal sea transportada por el territorio Nacional entre o salga de él, bajo la estricta vigilancia de funcionarios de Policía Judicial”, se indicaba en el formato de aprobación.

Los involucrados deben firmar un convenio con la DEA. Tienen permitido efectuar acercamientos con la organización criminal, intervenir en el tráfico comercial y adelantar transacciones con los indiciados. Les está prohibido modificar sus identidades, provocar o inducir a cometer un delito o atentar contra la vida e integridad de las personas. Además, entre sus deberes están recolectar información, ubicar e identificar a los integrantes de la estructura orgánica y los roles de cada miembro; apuntar el modus operandi, dar aviso al agente de contacto o control sobre novedades de interés para la investigación e informar de situaciones que comprometan su seguridad, entre otros.

En la justificación se insiste en que no existe otra forma de obtener la información necesaria para desmantelar la estructura criminal investigada que hacer este tipo de operativos encubiertos, las “entregas controladas” de droga.

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Se vigila la transportación de la droga, los agentes encubiertos son protegidos, se cuida que la droga y el dinero no sean incautados de inmediato para no generar sospechas e incuso se tramitarán los permisos para el paso “razonable” de la droga.

Cabe resaltar que estas “entregas controladas” de droga que cruzan por México ya existen desde 1950, sin embargo, muchas veces se pierde el rastro de los estupefacientes, del dinero o de los delincuentes, por lo que no se cumple con el objetivo de estos operativos. En opinión de algunos expertos, es porque si la DEA acaba con el narcotráfico, ya no tendría razón de existir. De ahí la ineficacia de algunas de estas medidas.

Con información de Silber Meza para El Universal.