
Madres denuncian presunto abuso de al menos ocho menores en iglesia de San Luis Potosí
Los niños tendrían entre cinco y 13 años de edad
La Arquidiócesis de San Luis Potosí investiga denuncias por presunto abuso sexual contra menores atribuido a un laico que se desempeñaba como sacristán de la capilla de San Pedro y Santa María de Guadalupe, en la colonia Prados Segunda Sección de Villa de Pozos.
Las madres de las víctimas ya presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía, mientras la institución religiosa ofrece acompañamiento jurídico, psicológico y espiritual.
La Comisión Diocesana de Protección a Menores y Personas Vulnerables recibió a dos madres de familia, quienes señalaron que podría haber más menores afectados. La información conocida hasta ahora apunta a al menos ocho víctimas de entre cinco y 13 años.
Lucila Olguín Segura, encargada de la Oficina de Recepción de Denuncias de la Comisión en San Luis Potosí, evitó dar detalles para no revictimizar a los menores, pero sostuvo que los señalamientos corresponden a hechos que podrían constituir delitos. “Son hechos graves y constitutivos de delito”, expresó.
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Los actos denunciados se atribuyen al entonces sacristán de la capilla ubicada en Plaza de las Águilas, en Prados Segunda Sección. El señalado presentó su renuncia el viernes previo a que las madres acudieran al Arzobispado, de acuerdo con Olguín Segura.
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Las denunciantes también habrían referido una posible participación de la esposa del sacristán y de un sacerdote en San Luis Potosí. La Comisión no dio más información sobre esos señalamientos ni sobre las circunstancias de las agresiones denunciadas.
Denuncia contra el sacristan en San Luis Potosí
La representante diocesana en San Luis Potosí explicó que el protocolo eclesial establece que una persona vinculada con la Iglesia no puede mantenerse en funciones cuando enfrenta acusaciones de esta naturaleza, debido al riesgo para otras personas.
En el caso de sacerdotes, pueden imponerse medidas preventivas como la suspensión; cuando se trata de trabajadores, pueden renunciar o ser finiquitados conforme a la legislación laboral y la ley de asociaciones religiosas.
La Arquidiócesis debe recabar información sobre los hechos y elaborar un informe para la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. La Iglesia no puede presentar una denuncia penal por carecer de personalidad jurídica para ello, pero entrega a las víctimas un documento sobre los hechos que habrían ocurrido dentro de un espacio religioso y colabora con las autoridades durante la investigación.
Esa colaboración puede incluir la apertura del templo para una eventual reconstrucción de los hechos. A partir del aviso y de la denuncia de las madres, la Fiscalía abre la carpeta de investigación correspondiente en San Luis Potosí.
La Comisión Diocesana fue creada en 2019 como parte de la política de tolerancia cero contra el abuso sexual decretada por el papa Francisco. El protocolo contempla creer inicialmente a las víctimas, en especial cuando son menores de edad, y separar de manera inmediata de sus funciones a la persona señalada como presunta responsable.
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