El Poder Judicial del Estado de México dictó una sentencia ejemplar contra una mujer responsable de terminar con la vida de un menor de apenas dos años en el municipio de Celaya.
La Fiscalía General del Estado presentó pruebas contundentes que demostraron la participación directa de la hoy sentenciada en actos de violencia extrema contra su propio hijastro.
Los jueces analizaron los peritajes médicos que confirmaron múltiples lesiones previas y una agresión final que causó la muerte del infante dentro de un domicilio en Guanajuato.
El tribunal impuso una pena de 20 años de prisión a la acusada, además de exigir el pago de una multa económica por concepto de reparación del daño moral a las víctimas indirectas.
La detención de la mujer ocurrió meses atrás, luego de que las autoridades detectaran inconsistencias graves en su declaración inicial sobre las causas del fallecimiento del pequeño.
Justicia y combate a la violencia infantil en Guanajuato
Los agentes de investigación criminal documentaron un entorno de maltrato sistemático que el menor sufría de manera cotidiana bajo el cuidado de la sentenciada en el centro de Guanajuato.
Este fallo judicial representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad en delitos cometidos contra grupos vulnerables, enviando un mensaje claro de cero tolerancia ante el abuso doméstico.
El Ministerio Público destacó que la colaboración de los vecinos y los reportes de los servicios hospitalarios resultaron vitales para armar el expediente que finalmente permitió la condena de la agresora.
La sociedad civil y los colectivos de protección infantil exigen que las instituciones refuercen los mecanismos de prevención para detectar estos casos antes de que ocurra una tragedia irreversible.
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La mujer cumplirá su condena en el centro de readaptación social local, donde el sistema penitenciario vigilará que cumpla la totalidad de los años impuestos por el tribunal de alzada.
Con esta resolución, la Fiscalía busca restablecer la confianza en las leyes y demostrar que la violencia familiar conlleva consecuencias legales severas para quienes la ejercen.
La protección de los menores sigue siendo una prioridad en la agenda de seguridad estatal, asegurando que ningún acto de crueldad contra los más débiles quede sin castigo en el territorio guanajuatense.
Con información de: La Silla Rota
