La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de un estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM que impugnó el cobro de un curso necesario para poder titularse.
Con esta decisión, la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM) deberá devolver el dinero que el alumno pagó y el fallo abre la posibilidad de que, en el futuro, este tipo de requisitos académicos no tengan costo cuando sean indispensables para concluir la licenciatura.
El caso inició cuando el estudiante, inscrito en la modalidad de universidad abierta, promovió un amparo contra el pago de tres mil pesos por el “Curso de Comprensión de Lectura para liberar el requisito de titulación de los Planes de Estudio 2117 y 2125”. Este curso es obligatorio para quienes desean obtener el título profesional en Derecho, por lo que sin acreditarlo no pueden completar el proceso de titulación en la UNAM.
En una primera instancia, un juzgado negó el amparo al considerar que el cobro no violaba el derecho a la educación gratuita, ya que existían otras opciones para cumplir con el requisito. Sin embargo, el alumno decidió impugnar esa decisión y llevó el caso ante el máximo tribunal del país.
El 3 de marzo de 2026, en sesión pública, la corte analizó el caso y, con siete votos a favor, determinó que la educación superior gratuita también debe incluir los elementos esenciales para que una persona pueda titularse. Es decir, si un curso es obligatorio y forma parte directa del proceso para obtener el título, no puede tratarse como un servicio adicional con costo.
Los ministros señalaron que la reforma constitucional de 2019 establece que el estado debe garantizar el acceso gratuito a la educación, incluyendo el nivel universitario. Aunque reconocieron que existen retos presupuestales, subrayaron que esos problemas no deben trasladarse a los estudiantes mediante cobros por requisitos básicos.
En términos sencillos, la corte concluyó que no es válido cobrar por un curso que resulta indispensable para terminar la carrera. Por ello, ordenó a las autoridades correspondientes devolver al alumno el monto total pagado, sin afectar su situación académica ni anular el curso que ya acreditó.
La resolución no implica que automáticamente todos los cursos relacionados con la titulación dejen de tener costo. La propia constitución señala que la gratuidad debe aplicarse de manera progresiva, es decir, paso a paso. No obstante, el fallo marca un precedente importante para la comunidad universitaria y podría influir en futuras decisiones dentro de la UNAM.
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Especialistas consideran que esta decisión fortalece el principio de que la educación pública debe garantizar condiciones de igualdad. Si un requisito es obligatorio para todos los estudiantes, entonces debe estar cubierto dentro del esquema de educación gratuita.
Para la comunidad de la UNAM, el fallo representa un llamado a revisar cómo se estructuran los cobros vinculados directamente con la titulación. Mientras tanto, el estudiante que promovió el amparo recibirá la devolución de su dinero y podrá continuar su proceso para obtener el título profesional sin obstáculos adicionales.
Fuente: Proceso
