El proyecto insigne del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador podría tener un costo mayor, sin todavía inaugurarlo, se trataría del Tren Maya, cuyo costo sería de hasta 20 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de casi 70% que la cifra inicial.

El aumento estaría relacionado a una inflación vertiginosa y una serie de contratiempos con relación a la construcción de la obra en zonas que podría atentar con la fauna y medio ambiente.

Y es que cuando López Obrador presentó el proyecto el mismo tendría un costo de tan solo 11.8 millones de dólares, pero los precios se dispararon tras el aumento en costos de envío y materias primas.

Junto a estos cambios también se suman las modificaciones de la ruta original, debido al paso del proyecto por zonas arqueológicas, red de cenotes y cavernas así como terrenos que no cumplen las características para la construcción del proyecto.

Cabe destacar que el costo de estas obras dista mucho de la política de austeridad que defiende el presidente, a lo que el mandatario se refiere como conspiraciones que tratarían de impedir la construcción del proyecto.

Tren Maya: Asunto de Seguridad Nacional

Las obras del Tren Maya siguen dando de qué hablar, en especial en el tema legal pues luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró las obras como un asunto de seguridad nacional, automáticamente expuso a los funcionarios que participan en este proyecto a denuncias por desacato judicial, advirtieron constitucionalistas.

Y es que aunque la maniobra de AMLO buscaría ganar tiempo para concluir el proyecto estrella de su sexenio, pone en riesgo no solo el medio ambiente también la situación legal de los funcionarios que estén vinculados al proyecto.

Esto con relación especial al tramo 5 del proyecto, el cual estaría amenazando una importante red subterránea de cavernas y cenotes que atraviesan parte de la península de Yucatán y el estado de Quintana Roo, así como la flora y fauna de la región.

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Tras esta decisión del consejo de Seguridad Nacional, el gobierno no estaría bajo riesgo legal pero sí todos los funcionarios que decidan ser parte del proyecto, quienes estarían expuestos a diversas sanciones en materia legal.

Con información de Proceso y El Financiero