Una menor de edad perteneciente a la comunidad indígena Gito Dokabu, en Risaralda, Colombia, fue víctima de un violento castigo físico por parte de integrantes de su propio entorno.
El caso fue revelado a través de un video que generó amplia indignación en Colombia y provocó reacciones de organizaciones defensoras de derechos humanos, autoridades locales y líderes indígenas.
Los hechos ocurrieron en una vivienda rural de Risaralda, Colombia. Se conocieron públicamente el 29 de mayo, cuando comenzó a circular una grabación en la que se observa a la menor con las manos atadas al techo, mientras una mujer la cubre con una sábana.
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Seguidamente, dos hombres la azotan con troncos de caña de azúcar. La menor llora, grita y, en varias ocasiones, pierde el conocimiento. La agresión dura más de tres minutos. En las imágenes, también aparece un adulto mayor y un niño, pero no intervienen en el acto.
La menor de edad fue ingresada a un hospital en Pereira, Colombia
La víctima fue trasladada a un centro asistencial en Pereira, Colombia, donde recibió atención médica por heridas en brazos y piernas. Las autoridades del departamento activaron de inmediato los protocolos de restablecimiento de derechos. En tal sentido, la niña fue ubicada en un hogar de paso, bajo protección.
Asimismo, la Procuraduría Regional y la Gobernación de Risaralda presentaron una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue y judicialicen a los responsables.
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Organizaciones indígenas como la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia y la Comisión de la Mujer de AICO por la Pachamama condenaron el hecho. En un comunicado conjunto recalcaron que ninguna práctica cultural puede justificar la violencia contra menores. Además, exigieron que se respete tanto la autonomía de los pueblos como los derechos fundamentales establecidos en la legislación.
Por su parte, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, manifestó su rechazo e indicó que “no se pueden escudar en tradiciones ancestrales que van en contravía del derecho internacional”.
Colombia ha sido escenario de múltiples debates sobre la relación entre justicia indígena y el marco legal. Este caso ha reavivado esa discusión, poniendo en el centro la protección de los niños y adolescentes, especialmente en contextos donde la ley propia convive con las normas del Estado.
Cabe señalar que el acompañamiento a la menor de edad continúa. Además, varias entidades nacionales y regionales han expresado su compromiso para garantizar su bienestar y avanzar en las investigaciones.
Con información de Infobae
