Con el poder ilimitado que se otorgó a los militares en el anterior gobierno, la población civil no importa: en la muerte de una enfermera, en Nuevo Laredo, el esposo denunció que “los soldados nos dispararon (…), pasaban y pasaban, se fueron como si nada”.
Esa agresión ocurrió la noche del viernes, cuando la familia de la enfermera Yuricie Rivera Elizalde ─su esposo Víctor Manuel Carrillo Martínez y su hijo de nueve años─ se dirigía cenar y tuvieron la mala suerte de pasar por donde había un operativo.
Ahora el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) sentencia que los militares son responsables de tres muertes en la ciudad fronteriza, y una de las víctimas es una niña de ocho años, presuntamente “mientras perseguían a presuntos delincuentes”.
La organización civil informó que entre el viernes 11 y el sábado 12 de octubre, militares y guardias nacionales provocaron la muerte de civiles, de acuerdo a las denuncias que ha recibido.
En el primer evento, Yuricie, de 46 años y enfermera del Seguro Social (IMSS), fue la primera víctima cuando viajaba con su esposo e hijo por calles del fraccionamiento La Fe, cuando “recibió un disparo de los soldados en la cabeza, muriendo en el interior del vehículo”.
La organización recibió información de testigos presenciales, quienes detallaron que “los militares perseguían a civiles armados cuando comenzaron a dispararles sin importarles que a su alrededor había decenas de familias”.
Los testimonios revelan que una vez que los militares advirtieron las llamadas de auxilio del esposo de Yuricie Rivera por las heridas de bala provocadas por los militares, “decidieron huir del lugar para evitar responsabilidades penales”.
Hechos
El sábado 12, la segunda víctima cuando guardias nacionales y miembros del Ejército, perseguían un auto, quedando atrapadas en la persecución Lidia Galván Reséndiz y su nieta de ocho años, Lidia Iris Fuentes Galván, quienes viajaban en un vehículo particular.
La sobreviviente dijo que su vehículo “quedó entre dos camionetas”, y asegura que fueron guardias nacionales los que dispararon a su auto causando heridas en la cabeza a su nieta, quien estaba agachada en el asiento delantero intentando protegerse de los disparos”.
Una vez que terminó la balacera, la niña fue conducida al Hospital General de Nuevo Laredo en una ambulancia particular, donde falleció minutos después que llegó al nosocomio.
La tercera víctima del fatídico fin de semana en Nuevo Laredo fue un joven de 18 años, Diego Alfredo, quien “quedó dentro de una camioneta que perseguían los guardias nacionales y soldados del Ejército mexicano en el fraccionamiento Palmares”.
Según el CDHNL, aparentemente la víctima había sido secuestrada, “presentaba huellas de tortura en diferentes partes de su cuerpo y no portaba armas ni equipo táctico”.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que controla las operaciones del Ejército y la Guardia Nacional, no ha emitido hasta ahora algún pronunciamiento, como tampoco el gobierno de Américo Villarreal, resaltó el CDHNL, o alguna otra autoridad estatal.
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“Ni el gobierno estatal ni la Fiscalía o la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas han dicho qué sucedió o condenado el uso excesivo de la fuerza, mucho menos ofrecido ayuda a los familiares de las víctimas en los gastos funerarios, gastos médicos o sicológicos”, denunció la organización civil.
