Cancún.- Varias candidatas, incluida la panista Lili Campos Miranda, sufrieron aparente violencia política de género en las pasadas campañas electorales, las que, aunque fueron denunciadas en su momento, no cesaron, pues las investigaciones ni siquiera han llegado todavía al Tribunal Electoral. Ante estas circunstancias, la ahora diputada electa del Distrito 10 señala que no descarta el que se modifique la ley electoral.

“Fueron varias denuncias,” comentó, hablando de su caso “y pese a todo ello lo único que resultó… fueron amonestaciones, pero no inhibía la conducta. Terminó la campaña, incluso concluyó el proceso electoral y todavía hubo actos que afectaban mi persona”.

La diputada electa acudió a un Conversatorio de Violencia Política Contra las Mujeres, lo que dijo sirvió para ver que los magistrados traen en mente que este incidente pueda ser causa de nulidad de elección, en sus criterios, por lo que “también habría que considerarlo como criterio legislativo”.

La propuesta, que surgió de la discusión y que fue respaldada por varios de los presentes, es que el candidato que incurra en este delito pierda su registro como tal y no pueda contender en las elecciones.

Entrevistada por separado, Nora Cerón González, magistrada presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) confirmó que todavía no reciben alguna queja por violencia política de género, pues todos los casos siguen en el Instituto Electoral (Ieqroo).

Sobre una reforma legal, indicó que es un tema que puede retomar el Ieqroo con los diputados que queden en la Comisión de Igualdad de Género, o bien con el pleno de la Legislatura.

“El Instituto puede presentar la propuesta, el Tribunal no; lo que no impide que platiquemos con los diputados”, añadió.

Indicó que es un hecho público que hubo “algunas situaciones”, en las que todavía ignora si procederán o no, pero el desafío ahora es que no crezca el fenómeno, como indica la tendencia, al ser ya más candidatas, con una reforma para que los candidatos culpables de esto pierdan su registro, y que los partidos políticos también tengan sus sanciones al respecto.