Se ha reportado una información que seguramente resultará ser una gran noticia para los detractores de la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), que actualmente opera en la zona de la Riviera Maya bajo la denominación de Sactun.
Y es que Calica perdió un amparo interpuesto contra el gobierno federal, con el fin de recuperar el control para poder seguir operando en el muelle de Punta Venado.
Fue el pasado 5 de agosto cuando el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en la ciudad de Cancún, declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo que Calica interpuso contra el gobierno federal.
La empresa Calizas Industriales del Carmen pretendía con dicho recurso constitucional que se le diera permiso para continuar con la restitución de la carga, almacenamiento, manejo y distribución de materiales pétreos en el recinto portuario de la zona.
Esta resolución del juzgado en contra de Sactun resulta ser un nuevo revés jurídico para la empresa, ya que apenas el pasado junio se le negó la suspención de la una clausura que fue interpuesta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde el mes de mayo.
Dicha clausura resultó en el impedimento de que la empresa continuará extrayendo dicho material pétreo del predio “La Rosita”, uno de los tres que explota Calica.
La empresa había demandado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Cabe destacar que Sactun aún cuenta con un juicio pendiente, nuevamente contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En dicho recurso jurídico acusó a la Sedena de haber realizado sobrevuelos, despegues y aterrizajes constantes en los terrenos pertenecientes a la empresa.
La empresa emitió un comunicado el pasado mes de julio donde pronunció textualmente que “seguiremos defendiendo nuestros derechos a través del proceso de arbitraje en el marco del TLCAN”.
Por su parte, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador no se quedó con los brazos cruzados.
En julio se sumó a la puja de recursos, ya que presentó una denuncia contra la compañía, acusándola de “desastre ambiental”, ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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