Cancún.- Acompañado de los dirigentes de dos cámaras empresariales, Federico Ranero, gerente de Uber en México, reiteró la decisión de esta plataforma de transporte de suspender sus operaciones en el estado, en caso de que se apruebe la Ley de Seguridad tal como se ingresó al Congreso del Estado, por ser excesivamente restrictiva y dañar la calidad del servicio y las posibilidades de sus socios de obtener ganancias.
En una rueda de prensa a la que acudieron Eloy Peniche Ruiz, residente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y de Adrián López Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Cancún, el representante de Uber hizo un llamado a la ciudadanía a expresar su derecho de elección y a los diputados locales, a aprobar una ley incluyente.
Ranero afirmó que están a favor de la regulación, como ya existe en 100 ciudades en las que operan, y están abiertos al diálogo con la autoridad, pero aseveró que la actual iniciativa quintanarroense discrimina a los usuarios y limita a los socios operadores.
Lo primero, al prohibir los pagos en efectivo, que es como se cubre el 40% de los viajes en la actualidad, y de los que 87% son efectuados por cancunenses, sector que sería desproporcionadamente golpeado con esta regulación, aunque también afectaría a turistas. El gerente de Uber indicó que el 56% de los mexicanos no tienen acceso a tarjeta de crédito o débito, pero principalmente se debe respetar el derecho de las personas de elegir su método de pago.
La segunda opción es la restricción a que los vehículos deben tener un valor superior a los 326 mil pesos y menos de cuatro años de antigüedad, lo que dejaría fuera de la plataforma al 80% de los socios actuales, muchos de los que han invertido para poder dar este servicio.
Un 22% serían afectados por la exigencia de comprobar dos años de residencia en Cancún, porque como explicó el empresario, “el 40% de nuestros socios eran desempleados y pasan a la economía formal por primera vez y por ello no pueden comprobar residencia”.
De pasar la Ley de Movilidad en su actual forma, se tendría un servicio muy limitado, en el que los usuarios verían muy pocas unidades disponibles, probablemente a una gran distancia, y en el que los socios verían sus ganancias reducidas en un 40%. Por ello, Uber no podría garantizar la calidad de servicio y se vería en necesidad de suspender operaciones en Quintana Roo.
“Tenemos una oportunidad única de poner al estado en una vanguardia internacional, que no vele por los intereses de una minoría”, indicó Federo Ranero. “Lo que quisiéramos es continuar contribuyendo al estado, no sólo como una opción de movilidad, sino de autoempleo para los más de mil socios conductores”.
El gerente reveló que desde antes que iniciaran operaciones, hace un año, ya detectaban que turistas abrían su aplicación apenas llegaban al aeropuerto, esperando contar con este servicio y que en los últimos tres meses han brindado 113 mil servicios, un 60% de ellos a visitantes, algo que no se ve en ninguna otra ciudad.
Por último, defendió la seguridad de su plataforma, pues sus aspirantes pasan por estrictos filtraos, que van más allá de los antecedentes penales, al ser revisados en 500 bases de datos y sometidos a exámenes psicométricos, además de tener un monitoreo continuo con la retroalimentación de los clientes y análisis de los patrones de cómo conduce, por lo que se han dado de baja a 9 mil socios en el último año en México.
OPINIONES
Por su parte, Eloy Peniche Ruiz afirmó que Cancún se precia de ser un destino turístico con las mejores playas, hoteles y restaurantes, pero que también requiere de servicios de primer nivel, indicando que con la llegada de Uber, muchos visitantes que ya están familiarizados con la plataforma se congratularon, además de dar una opción de ingresos adicionales a muchos trabajadores, amas de casa y estudiantes.
Tener estas opciones nos irá distinguiendo a nivel mundial de destinos que carecen de ella, y en caso de perder a Uber, se daría un paso atrás, en imagen y en la limitación de otras actividades económicas, por un reglamento restrictivo y que se contrapone a las necesidades de desarrollo.
Adrián López Sánchez señaló que estamos en el lugar 32 en facilidades para hacer negocios y la iniciativa de Ley de Movilidad es un ejemplo de ello, por incluir muchos trámites y poca claridad.
“Somos un destino que está en los ojos de todo el mundo. No se puede permitir impedir la libre competencia”, aseveró. “La invitación a nuestros legisladores es que escuchen a los ciudadanos y a los turistas. Que tengamos reglas claras, pero de forma inclusiva”.
