Los concesionarios del transporte público de Cancún deben garantizar que al menos el 10 por ciento de sus lugares estén habilitados para personas con discapacidad, así lo marca la ley. Sin embargo, por falta de voluntad y múltiples razones las unidades no han sido adaptadas. Las empresas tienen hasta julio del próximo año para implementar los cambios, según establece el Reglamento de Transporte y Vialidad.
Así lo explicó en entrevista Eric Maffassanti, jefe de Asuntos Interinstitucionales para la Dirección para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Benito Juárez, quien lamentó que pese a las labores que han hecho como autoridades, la inclusión en el transporte sigue siendo una asignatura pendiente.
“Desafortunadamente, después de haber llevado seis mesas de trabajo con las concesionarias no hemos tenido de su parte el plan de inversión o de implementación de estas unidades adaptadas. Estamos viendo de qué manera podemos hacer que cumplan lo que les establece su concesión, que es el 10 por ciento, y recordar que conforme al Reglamento de Transporte y Vialidad, tienen hasta julio de 2023 para contar ya con esas unidades”, detalló el funcionario.
“Esperemos que a más tardar en esa fecha conforme se establece en el artículo transitorio del reglamento ya tengan estas unidades. Tenemos una idea de hacer una ruta piloto para iniciar, pero todavía no está en marcha y desde la Dirección estamos impulsando y girando oficios a las distintas autoridades involucradas”, añadió.
Se había contemplado que durante estas fechas las concesionarias del transporte público iban a presentar sus planes, pero no ha sido así.
NECESARIA, LA INCLUSIÓN
El funcionario explica que si bien entienden que se trata de una inversión fuerte para estas empresas, se debe empezar por algo, por implementar al menos los cambios poco a poco.
“Esa es nuestra preocupación, no se ha empezado ni siquiera por una unidad. Y mientras esto siga de esta manera, se complica porque desde la Dirección impulsamos políticas públicas a favor de la inclusión, pero si desde las concesiones no hay la voluntad de hacerlo se vuelve complicado, y no lo digo para mí,. sino por el gran número de personas con discapacidad que habitamos en este municipio”, destacó Maffassanti.
El funcionario dice que buscan llegar a acuerdos con los concesionarios, porque buscar que cumplan por la vía legal ocasionaría un largo y costoso litigio. Y lo que interesa más que nada es que el transporte público esté adaptado para las personas con discapacidad de Cancún.
Recalcó que hay un gran número de ciudadanos que demandan estos servicios.
Una unidad nueva y adaptada para las personas con discapacidad podría costar hasta 4 millones de pesos. Ante ello las autoridades recomendaron que adaptaran las existentes, lo que costaría de 200 mil a 400 mil pesos, pero eso tampoco lo han querido hacer.
“El hecho de que todas las personas con discapacidad trabajen y puedan llevar una vida digna implica una reactivación económica de un grupo vulnerable que hoy por hoy se encuentra dependiendo de alguien más. Si les damos las herramientas públicas para que puedan desempeñar sus labores, esto va a generar una mejor sociedad”, subrayó Eric Maffassanti.
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Las empresas deben entender que no todo es su utilidad, sino también hay que devolver a la sociedad lo mucho que les da, finalizó.
