Chetumal.- A pesar que el Gobierno Federal, mediante un acuerdo firmado a finales del año pasado, liberó al Gobierno del Estado de Quintana Roo el dinero para cubrir la nómina del personal del Seguro Popular por los próximos tres meses, la Secretaría de Salud no piensa recontratar a estas 147 personas.
Alejandra Aguirre Crespo, titular de la SESA, comentó que estas personas son de áreas administrativas, lo que no es su principal necesidad, motivo por el que no los recontratarán.
Sobre los recursos que les entregó la Federación para que pudieran seguir pagando el sueldo de estas personas, luego de la extinción del Seguro Popular y en lo que se cuenta con el Insabi, la funcionaria confirmó que han recibido el dinero, pero que esperarán las reglas de operación para proceder.
A inicios de mes, Haydé Gabriela Sosa Guerra, quien fuera directora del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular), afirmó que en los lineamientos de la extinción de este programa, signados por las 32 entidades, se plantea la recontratación del personal por parte de las secretarías estatales de salud, en tanto se activa el Insabi, motivo por el que el Gobierno Federal garantizaba la suficiencia presupuestaria para esta nómina, por tres meses.
Juan Ferrer, director del Instituto de Salud del Bienestar, también confirmó, en la conferencia “mañananera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya se había entregado este dinero.
“El gobierno Federal ha turnado a las 32 entidades federativas el techo financiero que corresponde al ejercicio fiscal 2020. Nosotros ya turnamos el oficio a todos los estados, y tienen el dinero íntegro para pagarle a todos los trabajadores. Es falso que el gobierno federal le haya quitado un peso a cualquier gobierno de cualquier entidad”, declaró el funcionario federal hace una semana.
Aguirre Crespo confirmó que únicamente los médicos y enfermeras que eran mantenidos con recursos proporcionados por este programa mantienen su continuidad. En cuanto a estos trabajadores, “se han canalizado con las autoridades correspondientes”, que en su caso sería Oficialía Mayor, a la que le toca designar a un liquidador, para darlos de baja.
