Chetumal.- De los 300 millones de pesos destinados por la Secretaría de Gobernación (Segob) para la aplicación del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) en las 32 entidades del país, 9 millones 444 mil 561 pesos corresponden a Quintana Roo, que serán aplicados en dos municipios, Benito Juárez (Cancún), al que le corresponde 6 millones 539 mil 195 pesos; y Solidaridad (Playa del Carmen) que recibirá 2 millones 905 mil 366 pesos.
Lo anterior se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición del 24 de enero de 2018, donde también se explican las reglas de operación y que debe ser ejercido en este año bajo los criterios establecidos en los lineamientos establecidos por la Segob.
Enfoque preventivo
La dependencia señaló que se tiene como objetivo apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.
Subrayó que el ejercicio de los recursos federales del Programa deberá alinearse a la seguridad ciudadana, a la perspectiva de Derechos Humanos, a la perspectiva de género y al enfoque de cohesión comunitaria.
El Pronapred es un Programa diseñado y financiado por el Gobierno Federal, y coordinado por la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Éste establece que los municipios y delegaciones tienen un papel central en la implementación y el seguimiento de las acciones que conforman el Programa y deben coordinarse con sus entidades federativas para desarrollar los diagnósticos, el diseño y la evaluación de los proyectos de prevención.
Acciones
Según la publicación en el DOF, sus acciones se centran en:
Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y de actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias.
Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria.
Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.
Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, estatales y federal.
Asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública federal para la implementación de programas de prevención social.
