Funcionarios del IMSS Quintana Roo están acusados de presuntos actos de corrupción y de un supuesto fraude administrativo. Fue desde octubre de 2024 que se presentó una denuncia formal ante los órganos internos de control del instituto y también ante la Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con los denunciantes, estamos ante un grave caso de corrupción, abuso de funciones y fraude administrativo. Además, estas irregularidades señaladas afectan gravemente la supervisión de afiliación y vigencia de derechos dentro del IMSS, así como el patrimonio de la dependencia.
Esta denuncia involucra a la jefa del Departamento de Supervisión de Afiliación Vigencia, a una analista de Supervisión de Afiliación Vigencia, pero ambién al ttitular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza.
Según se ha denunciado, desde 2019 se ha permitido el registro de trabajadores ficticios sin realizar las supervisiones requeridas en el IMSS Quintana Roo, en violación de la Ley del Seguro Social. Estas omisiones pudieron facilitar un esquema de fraude que evade las cuotas obrero-patronales y afecta el funcionamiento de la dependencia.
De acuerdo con lo que se ha denunciado, los funcionarios presuntamente involucrados han permitido que varias empresas afilien a trabajadores que no existen, lo que sin duda es un daño directo al IMSS Quintana Roo. Crearon un esquema que les ayuda a realizar estos supuestos actos indebidos.
Los funcionarios presuntamente involucrados han sido acusados de ser corruptos, pero también de ser negligentes, porque no son aptos para desempeñarse en los puesos en los que se encuentran.
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Los denunciantes aseguran que de comprobarse los señalamientos, los acusados serían acusados de violar varias disposiciones del IMSS y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además, en caso que los funcionarios sean hallados responsables, deberán restituir los daños causados al IMSS Quintana Roo, como por ejemplo, el uso de las cuotas obrero-patronales y demás. El caso a su vez afecta la imagen del instituto con los derechohabientes, e incluso el acceso a los servicios de salud.
