La diputada independiente, Sonia López Cardiel, promovió una iniciativa de ley para que mujeres que aborten por segunda ocasión estén obligadas a firmar un documento que determine su esterilización.
Ante esta situación, el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO) rechazó la propuesta y fue condenada por colectivos por el derecho a decidir de la entidad, quienes solicitaron detener la propuesta con carácter de urgente.
“Se trata de una medida punitiva y discriminatoria que refleja prejuicios y estereotipos de género, ya que se castigaría a la mujer por abortar, y de manera específica, a las mujeres que viven vulneradas y empobrecidas, sin tomar en cuenta las distintas situaciones que viven las mujeres en las que el aborto se volvería una opción”, indicó el organismo.
Mientras, la Red Quintanarroense por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Juventudes (RQDSRJ), indicó que el planteamiento de la diputada es discriminatorio y fomenta el odio hacia las mujeres al criminalizarlas por su condición de embarazo no deseado.
Cabe señalar, que el 13 de marzo pasado, Sonia López presentó ante el pleno del Congreso local, una iniciativa de decreto para reformar la Ley estatal de Salud y el artículo 97 del Código Penal del estado, para que en el supuesto de que una mujer se encuentre en una situación económicamente grave o justificada, y quiera someterse al aborto “no punible” por segunda ocasión, esté obligada a firmar, previamente, una carta de consentimiento informando que será sometida a la aplicación de un método anticonceptivo definitivo.
Y de no cumplirse lo anterior, la persona podría ser enviada a prisión de seis meses a dos años.
Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, consideró que la propuesta es discriminatoria, en dos sentidos.
Primero, porque restringe el derecho de las mujeres a decidir sobre su plan de vida, limitando sus derechos sexuales y reproductivos.
Segundo, el que las mujeres sean sometidas a un procedimiento permanente de anticoncepción bajo el argumento de la situación de pobreza que enfrenten, “es una práctica que diversos organismos internacionales han señalado como esterilización forzada, pues condicionaría a mujeres que vivan en situación vulnerable, al acceso a un servicio de salud pública”.
La RQDSRJ, recordó que la esterilización forzada es un crimen de lesa humanidad y de guerra.
“Las propuestas vertidas en la citada iniciativa van en contra de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos de las mujeres, ratificados por México, que ya son parte del derecho interno acorde a lo señalado por el artículo 1 de la Constitución Mexicana en su reforma del 2011”, publicó el organismo a través de un comunicado.
Por ello, sugirió brindar “la más alta calidad de atención en su salud sexual y reproductiva, buscando incidir en las motivaciones, condiciones y consecuencias de embarazos no deseados”.
De igual manera, la iniciativa de ley de la diputada, Sonia López Cardiel, prevé modificaciones al artículo 97 del Código Penal que agregaría una quinta causa para considerar el aborto, y sería las condiciones económicas de la pareja para suspender el embarazo.
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También incluye modificar el texto original de la tercer causal, que indica que se puede suspender el embarazo si a juicio de dos médicos, el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, no sin antes tener el consentimiento de los padres.
