Chetumal.- Ambientalistas lograron dos sentencias favorables, en contra de lo que consideran una imposición al pueblo maya: el Acuerdo de la Sustentabilidad para la Península de Yucatán 2030 (ASPY).

Dichas sentencias han sido además impugnadas por los gobernadores de Campeche y Quintana Roo.

Modelo 2030, discriminatorio

Raymundo Espinoza Hernández, abogado de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, señala que el ASPY fue firmada en el 2016 en la COP13 que se realizó en Cancún, entrando en vigor ese año.

“La gente solo se enteró del acuerdo por las noticias, y eso la gente que tiene luz o televisión o quien tenía celular. Pero en las comunidades no se sabía nada. Encontrar el documento y darlo a conocer entre la gente de los pueblos no fue nada sencillo”, explicó.

El litigante señaló que el problema es que este acuerdo se desarrolla en las comunidades mayas, sin ellas siquiera estar enteradas.

“No sabían nada de cómo empresas, gobierno y algunas sociedades civiles proponían un plan de reorganización del territorio, de racionalización de varios programas que llevan años desarrollándose en la zona”, prosiguió.

Por ello, a principios de 2017, se promueven dos juicios de amparo, uno en Yucatán y otro en Chetumal, los cuales resultaron a favor de las comunidades ancestrales.

DOS DEMANDAS EN LA PENÍNSULA

En Quintana Roo, quienes se presentaron como quejosos fueron varios habitantes de comunidades de Bacalar.

En el proceso paralelo, sortearon varias dificultades, pues en un primer momento no se aceptó la demanda en Yucatán; debido a ello tramitaron un recurso de revisión.

Aunque recalca, el proceso en la entidad ha sido más complejo. Tanto que un juez en Chetumal falló que no había agravio contra las comunidades, pese a que no sólo no fueron consultados, ni se publicó en medios o en ninguna parte y que el proyecto además ni se tradujo al maya.

La resolución se impugnó y ya entonces un juez de Cancún decidió revocar esa sentencia y otorgar el amparo a favor de las comunidades.

“El juez ordena que gobernadores, secretarios, dependencias ambientales debían modificar este acuerdo, agregando dos nuevos capítulos: uno donde se reconociera la importancia histórica y cultural del pueblo maya, pues denunciábamos el lenguaje discriminatorio del acuerdo, pues se les ve como paisajes bioculturales, como un museo vivo”, indicó.

El otro punto exigido por el juez es que “para cada una de las acciones y proyectos que se pretendan ejecutar en el marco del ASPY tiene que ser consultado de manera previa, libre, bien informada, e incluso traducirse el documento al maya. Esta obligación ya la tenía el estado mexicano, sin embargo, hay que hacerla explícita, porque no se respeta por parte de las autoridades”, dice el litigante.

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Reitera el abogado, que estas sentencias han sido impugnadas por los mandatarios de Quintana Roo y Campeche, así como por las autoridades ambientales y secretarios de estado y ONG participantes en la elaboración del acuerdo, quienes, en su opinión, nunca han visto por los intereses de los mayas.