El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), presentó sus primeras decisiones con respeto a la demanda promovida por Legacy Vulcan, empresa norteamericana que operan en Quintana Roo con el nombre de SAC TUN, antes CALICA.

En este primer resolutivo, de entrada, a consecuencia de la pandemia del Covid-19, el Tribunal presidido por el holandés Albert Jan Van Den Berg concedió un plazo para que las partes presenten más pruebas debido al cierre de los tribunales nacionales por esta situación.

Pero destaca que falló a favor de México en la mayoría de los puntos donde reclama que CALICA debe presentar información que será sustancial para el fallo final.

Como se recordará, fue en enero del 2019 cuando SAC TUN presentó su demanda de arbitraje de inversiones contra México en relación con sus inversiones en yacimientos de piedra caliza.

CALICA (SAC TUN) alega que contaban con los permisos para explotar los predios denominados “La Adelita” y “El Corchalito”, pero en 2009, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) estableció estas zonas como de protección, afectando supuestamente a la transnacional. Están en juego más de 500 millones de dólares que exige la empresa como compensación.

En mayo pasado, SAC TUN presentó sus pruebas y apenas en julio, el gobierno mexicano hizo lo propio.

En este sentido, el pasado 30 de julio, la corte presentó el resolutivo con respecto a 10 puntos.

Los 10 reclamos y acuerdos

El primero de los puntos reclamados por CALICA, es por 17.8 millones de dólares que la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO) cobró  en tarifas portuarias supuestamente de manera ilegal por más de una década.

El gobierno nacional demandó a la empresa presentar los documentos con los que asegura este dolo “ya que ayudarían a confirmar que Legacy/Calica no continúa un procedimiento ante un tribunal judicial respecto de una de las medidas presuntamente violatorias”.

Es decir, que este tema ya se peleaba en tribunales nacionales y piden se demuestre que no es así.

Por ello,  el CIADI concedió posponerlo hasta que se reabran los tribunales mexicanos.

La Adelita y El Corchalito, CALICA pide más de lo que es…

En cuanto al Plan de extracción de CALICA para comenzar operaciones en La Adelita a partir de 2013, el gobierno mexicano solicitó el memorando de la reunión que el Consejo Directivo de la empresa sostuvo con representantes de la SEMARNAT en abril de ese año y en la que supuestamente “se les obligó” a modificar sus planes de extracción.

Si bien CALICA presentó dos planes de extracción (DC0092) de manera ad
hoc para los propósitos de este procedimiento, México solicita los planes de extracción
previos que incluyan el análisis de “La Adelita”.

Dichos planes de extracción de “La Adelita” son relevantes para el caso dado que permitirían entender y contrastar el cálculo de daños presentado por la parte demandante. Los documentos solicitados son sustanciales para el resultado del caso dado que, de existir responsabilidad, el cálculo de los daños podría ser menor.

La parte demandada considera que los documentos existen y están en poder del Demandante porque se trata de documentos que habrían sido preparados en el curso ordinario de los negocios.

En este sentido, el CIADI concedió la razón al gobierno mexicano pues sería “base legal” para cualquier reclamo.

Un punto para CALICA

Pero, donde el tribunal dio la razón a CALICA fue en el tercer punto donde el gobierno mexicano pide los documentos, incluyendo notas, memorandos e informes que registren la
decisión de la empresa de no iniciar operaciones de extracción en La Adelita antes de 2015, cuando supuestamente se tenían todos los permisos requeridos.

La transnacional argumentó que el gobierno mexicano presentó una “solicitud vaga”, ya que es demasiado amplio el “periodo indeterminado”.

El tribunal denegó este punto por ser “demasiado ancho”.

CALICA acusa dolo en la clausura de PROFEPA del 2017

Asimismo, sobre la queja de CALICA con respecto a la clausura que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizará en mayo del 2017 el Tribunal tomó una primera decisión.

Cabe mencionar en este punto que la PROFEPA clausuró las actividades de explotación del proyecto de aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático y concluyó que CALICA rebasó la superficie de explotación autorizada, que es de siete hectáreas anuales, lo que da 140, hasta 2020.

“Se constató que la superficie excedente es por 2.15 hectáreas; es decir, a la fecha de la visita complementaria había extraído material pétreo en 142.15 hectáreas, lo que significa que ya agotó la superficie de explotación”, explicó la PROFEPA en su momento, mediante un comunicado.

Por lo anterior, el gobierno mexicano solicitó a CALICA presente los documentos que sustenten por qué califica de ilegales las actuaciones de la PROFEPA.

“La documentación es sustancial para el resultado del caso ya que se podría determinar si las conductas de la PROFEPA que CALICA reclama, están pendientes o han sido confirmadas por los tribunales nacionales. La Demandada considera que los documentos existen y están en poder de la Demandante porque se trata de documentos concernientes a las acciones legales tendientes a salvaguardar sus derechos  en el sistema judicial mexicano”, expone el gobierno mexicano.

Y agrega que por la pandemia del Covid-19, actualmente no se puede acceder a los tribunales nacionales por lo que pide a CALICA presente la documentación.

Sin embargo, el tribunal resolvió posponer hasta que reabran estos tribunales mexicanos para que se aporten tales pruebas.

Pero, lo que sí concede al gobierno mexicano, es la petición para que CALICA presente la documentación que acredita el volumen de extracción en “El Corchalito”, así como la metodología para determinar la extracción de piedra caliza.

Otro punto en el que el tribunal resolvió a favor del gobierno mexicano fue con respecto a la solicitud de que CALICA presente cualquier documento adicional (i.e., minutas de las reuniones del Consejo de administración, notas, memorandos e informes) que aún no se  haya presentado, y que explique la justificación para la construcción de los nuevos buques.

El gobierno nacional observó que CALICA sostiene que tiene firmado un memorando de entendimiento con los gobiernos municipal, estatal y federal para construir dos buques nuevos. Es por ello que solicita los presente como prueba y que el CIADI avaló.

Documentos para la formulación de daños

El gobierno mexicano también reclama que la empresa aporte los documentos mediante los cuales un perito contratado formula los supuestos daños ocasionados, pero que el tribunal consideró son irrelevantes, por lo que rechazó la petición.

Pero, sí concedió se discuta la petición para que CALICA “presente el modelo de
daños utilizado por el experto en daños para calcular los daños”.

Y es que, es mediante este modelo que CALICA calcula daños por más de 1 mil 569 millones de dólares más intereses generados al 30 de abril de 2020.

Por ello, el gobierno mexicano considera relevante se presente este documento y el modelo en cuestión pues CALICA exige una compesación que rebasa los mil millones de dólares  “basándose en un cálculo que no se ha puesto a disposición de la Demandada. México tiene derecho a revisar y, si es necesario, impugnar la precisión de los cálculos y la metodología empleada para llegar al monto total de los daños”.

También el tribunal falló a favor de México en el punto donde demanda a CALICA presente los estados financieros auditados y no auditados entre 2012 y 2020, ya que son sustanciales para el resultado del caso.

Finalmente, el CIADI dió la razón a México en su solicitud para que CALICA presente sus planes de negocios y proyecciones financieras, incluidas todas las enmiendas a dichos planes entre 2012 y 2020.

Una vez que se reabran los tribunales mexicanos y se puedan presentar los documentos pendientes, continuará este juicio en el que por ahora, México ha obtenido más puntos a su favor para demostrar que el reclamo de CALICA no tiene fundamentos.