La historia de esta jornalera es de esas donde todo te sale mal, y donde terminas sufriendo una injusticia tras otra. Esta mujer primero sufrió un accidente, después el IMSS no la atendió como debía. Y por si fuera poco, su empresa en lugar de apoyarla la despidió de manera injustificada.
Este es el calvario de Herlinda Santiago Martínez, una jornalera agrícola de Guerrero, y quien sufrió un accidente en la empresa donde laboraba en San Quintín, en Baja California.
Herlinda se fracturó el fémur. Estuvo durante 13 días en una clínica del IMSS esperando atención. Lo único que le dieron fue paracetamol. Ella y su familia decidieron que era mejor irse de la clínica del IMSS. Regresaron al campamento de la empresa agrícola donde vivía, pero en lugar de ayudarla, la echaron a la calle.
Y ahora, está lastimada, sin empleo y sin dinero para volver a Guerrero. Vive hacinada en el cuarto que renta una de sus paisanas, quien le dio alojamiento cuando la empresa para la que trabajaba la despidió.
Para hacer aún más grande esta injusticia, hay que destacar que la jornalera no habla español, señala Cristina Solano, activista e integrante de la Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales, quien la está apoyando en su caso.
“La empresa lo sabía y así la dejaron en la clínica, donde no había un intérprete que la ayudara a entender. Después nunca fueron a verificar si tenía o no una buena atención. La abandonaron ahí y estuvo 13 días solo con paracetamol para el dolor. Después, encima de todo eso, la echaron del campamento donde vivía y al día siguiente le fueron a entregar un finiquito de solo 3 mil pesos”, señaló en entrevista con Animal Político.
Lamentablemente esta es una situación común. De los 3 millones que se estima que hay en el país, el 93 por ciento de los jornaleros no tienen contrato formal y aunque a muchos les dan seguro social, este aplica solo para emergencias y para los meses de trabajo.
Y cuando llegan a las clínicas es frecuente que sufran negligencia médica, como en el caso de la jornalera Herlinda, explica Margarita Nemecio, integrante de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas y del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública.
Muchos de estos jornaleros son de los estados del sur del país, y van hacia los estados del norte a trabajar, pues es donde están los campos y las empresas agrícolas, que exportan productos a Estados Unidos. Solo migran por unos meses, cuando hay trabajo en los campos.
Viven en campamentos improvisados, hacinados, en deplorables condiciones.
El caso de la jornalera Herlinda Santiago es solo uno de tantos. Muestra los constantes abusos que estas empresas cometen contra estos jornaleros y que son avalados por las autoridades.
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Se cometen violaciones a los derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual.
México, un país de contrastes y de injusticias. Sin duda. Ojalá que haya justicia para esta mujer y para otros jornaleros que han sufrido por todos estos abusos.
Con información de Animal Político.
