Por Óscar González
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Cristina Torres Gómez no pudo contra la concesión de Aguakan en Solidaridad no porque no quisiera –los votos que le faltaron para reelegirse frente a Laura Beristáin Navarrete los habría conseguido si hubiese logrado su propósito de campaña de sacar a la operadora privada de agua potable–, sino porque el ayuntamiento hubiera tenido que pagar millonarias sumas entre devoluciones y penalizaciones por la recisión del contrato, y aunque a veces se le pinta como peor que Mefistófeles la empresa tiene derechos y sus abogados los conocen muy bien.
No la tiene fácil la alcaldesa que está a punto de tomar posesión, por mas que el clamor popular –abusos o no, los que nos cobran siempre son nuestros naturales malqueridos– esté por la desprivatización del servicio. El de la letra, en tiempos en que por cuestiones de trabajo pasaba media semana en el norte del estado y rentaba casa en Cancún, nunca tuvo la menor queja por el servicio o los cobros, pero la hostilidad hacia Aguakan es casi tan cancunense como los tacos de Chen-Kai.
La inminente presidenta municipal cree, sin embargo, que el amago del Morena en el congreso de cancelar las concesiones privadas de agua potable –que hasta el momento no ha sido explicado como una iniciativa legislativa, ni se han definido sus alcances– se dará como chile max en el monte. Citamos una nota en Quinta Fuerza que contiene el intríngulis del asunto:
“El síndico de Solidaridad, Juan Carlos Beristain Navarrete, sostuvo una reunión en la Ciudad de México con Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva del Senado, para entregarle una copia del caso contra Aguakan e intercambiar experiencias sobre la lucha contra la privatización del agua.
“Entre las propuestas legislativas de Morena, existe una que prohibirá privatizar el agua, la que no aplicaría en el caso de Solidaridad, pues las leyes no son retroactivas, pero sí podría auxiliar a su litigio en contra de la actual empresa concesionaria”.
En efecto: si la normatividad que estaría planteando el Morena consiste en prohibir privatizaciones significa que no se otorgarían más concesiones, pero las ya asignadas no podrían quitarse por lo menos hasta su vencimiento o por causales de recisión que en muchos años de lucha antiprivatizadora no han podido acreditarse.
No vemos probable ni razonable que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se aventara el trompo a la uña de emitir un decreto de expropiación contra las operadores existentes en el país, estilo el presidente José López Portillo y Pacheco con la banca privada, que sobrevivió unos pocos años pues ahora los bancos son más privados, más voraces y en su mayoría de capital transnacional. De Guatemala a Guatepeor.
Por otra parte en términos de concesión municipal, luce muy complicado que el gobierno de Laura Baristain logre contar con los recursos requeridos para compensar a la empresa, por lo menos sin afectar la dotación de obras y servicios públicos que Solidaridad demanda permanentemente, de manera más apremiante que ningún municipio en el país.
Mucho le afectó a Cristina Torres en su intención reeleccionista su amago de sacar a Aguakan de Solidaridad, pues luego de amenazas e intervenciones, ya mejor asesorada tuvo que admitir que tal acción se llevaría muchos años de litigios en tribunales y que que la comuna tendría que devolver más de mil millones de pesos a la operadora, recursos con los que ninguna manera contaba.
Además, la alcaldesa saliente tuvo la habilidad de lograr un “mal arreglo” para sacarle a la empresa un compromiso de inversión en el mejoramiento de su servicio en los próximos años por más de 800 millones de pesos. No salió con las manos vacías después de que Aguakan la tenía ganada.
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La situación no ha cambiado un ápice. Quienes quieren a Laura Beristain y son escuchados por ella –si es que a alguien escucha– harían bien en recomendarle mantener la boquita cerrada por lo menos hasta tener bien armada una estrategia que, francamente, hasta ahora se ve más bien improbable.
