Puerto Morelos.- Los repetidos casos de devastación ambiental en zonas de mangle por parte de desarrolladores hoteleros cuentan con la cómplice omisión del Ayuntamiento de Puerto Morelos y su presidenta municipal, Laura Fernández Piña, quien tiene completo conocimiento y autoridad para actuar, pero opta por no hacerlo.
Así lo declaró la ambientalista Katerine Ender Córdova, presidenta del Movimiento en Pro de los Derechos de los Pueblos, quien lamentó el silencio e inacción que predominan en el onceavo municipio, a la hora de frenar estos ecocidios.
“El gobierno municipal es partícipe por omisión en estos actos ilegales”, comentó la ambientalista en entrevista. “el municipio, para empezar, no es grande y los casos de deforestación en zona de humedales son reportados y de conocimiento de todos”.
El mangle es una especie protegida por ley federal, por lo que ningún permiso otorgado para dañar su hábitat es válido; sin embargo, en la mayoría de los casos en Puerto Morelos, hoteles proceden a deforestar de forma clandestina, sin siquiera obtener alguna autorización.
Si bien el sancionar estas conductas es un tema que toca a la Profepa y a la Procuraduría General de la República, el gobierno municipal también tiene la obligación de actuar para frenar lo que equivale a un desmonte clandestino, en el que además se tiene que dar vista a las autoridades federales, al detectar la presencia de especies protegidas.
En otros gobiernos municipales, como en Solidaridad, así han procedido para frenar actos ilegales, pero en Puerto Morelos estos ecocidios se prolongan por semanas sin que Laura Fernández Piña dé instrucción alguna, salvo permitirlos continuar.
Ya son emblemáticos los casos como en El Cid, donde a pesar de las clausuras logradas por grupos ambientales, las obras continúan de manera impune.
Los hoteles, prosiguió, incurren en delitos federales, los que deben ser castigados por la PGR y en donde las omisiones del gobierno municipal también debieran generar responsabilidades, pero, lamentó, los ambientalistas y sociedad civil en Puerto Morelos también se muestran poco dispuestos a llevar estas devastaciones por la vía legal.
“Ya se ha dicho que está bien hacerlo público y reclamar, pero si quieren que detengan esta deforestación, tienen que interponer su denuncia, lo que no parece que quieran hacer”, indicó.
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La entrada en vigor del nuevo Derecho de Saneamiento podría generar recursos para la protección ambiental, pero Ender se mostró escéptica a que le den tal finalidad.
“Ojalá que sí se destine para saneamiento ambiental y no se lo desvíen”, comentó.
