Como resultado del trabajo de inteligencia e investigación que se reforzó en el segundo año de operaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Quintana Roo, se obtuvieron cinco sentencias condenatorias, incrementaron en casi 300% las carpetas de investigación y se aseguraron casi 4 millones de metros cuadrados en predios recuperados a favor del patrimonio estatal.

Durante su Segundo Informe de actividades presentado ante legisladores de la XVI Legislatura local, la fiscal Anticorrupción Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo señaló que debido a un incremento de 300% en las denuncias de corrupción, se reforzó el trabajo de inteligencia e investigación para alcanzar resultados históricos en sentencias, recuperación de predios y sanciones.

De acuerdo con el informe que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, la Fiscalía Especializada integró un total de mil 004 carpetas de investigación, que representan un incremento de 294.43%, con relación a las que se conformaron en 2017 y 2018 (fueron 341).

Asimismo se registraron 192 audiencias que fueron celebradas en los diversos Distritos Judiciales del Estado.

Villanueva Arzápalo destacó que aún están pendientes, al menos, seis órdenes de mandamientos judiciales. Se trata de imputados que están prófugos y/o cuentan con amparos promovidos que impiden poder cumplimentar los ordenamientos judiciales.

En relación a la recuperación de predios a favor del estado, la Fiscal resaltó el aseguramiento de 3 millones 968 mil 533.67 metros cuadrados de espacio terrestre en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco.

Se trata de ocho predios que, en conjunto, registraron un avalúo de poco más de 108 millones 209 mil pesos, por lo que fue considerado un objetivo histórico para Quintana Roo. Dicho combate contra la impunidad, jamás antes visto, permite que esta unidad sea considerada como la más innovadora y reconocida a nivel nacional e internacional.

A lo largo de este segundo periodo de actividades, también se obtuvieron cinco sentencias condenatorias con beneficio al patrimonio del estado, logrando la reparación del daño y la penalidad a los servidores públicos, cuyas carpetas de investigación tienen origen en el 2017 y 2018.

En esta lucha contra los actos delictivos se obtuvo la vinculación a proceso en 23 carpetas administrativas, de las cuales en el 8.7% se obtuvo prisión preventiva oficiosa y en el 30% se logró prisión preventiva justificada para ex servidores públicos del estado, es decir, que han requerido internamiento dentro del centro de retención correspondiente.

Este dato nos indica que aproximadamente 3 de cada 8 carpetas administrativas, se resolvieron en prisión preventiva.

Durante este segundo informe, presentado en la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, estuvieron presentes los y las diputadas: Euterpe Gutiérrez Valasis, Eduardo Martínez Arcila, Edgar Gasca Arceo, Reyna Durán, Linda Cobos, así como otros invitados especiales.