Luego de la indignación generada entre la sociedad por el asesinato de Ingrid Escamilla y su posterior revictimización al haberse difundido imágenes de su cuerpo sin vida, la Fiscalía General de la Ciudad de México ya entregó una iniciativa al Congreso local para que se sancione con hasta 16 años de prisión a los funcionarios que participen en la toma y difusión de imágenes de crímenes violentos como el anterior. Las sanciones serían más duras si se trata de feminicidios.
Esta iniciativa de reforma, explica la fiscal Ernestina Godoy, es un atento llamado tanto a los funcionarios como a los medios de comunicaión que difundieron este delicado material. Pide no hacer negocio con las víctimas y conducirse bajo la ética y con responsabilidad.
La instancia que también se ha pronunciado sobre el caso es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que dijo que los responsables de haber tomado y filtrado las imágenes de crímenes deben recibir una sanción, y pidió que intervenga la Policía Cibernética.
“La vida de las mujeres no puede ser un botín ni la extrema violencia hacia ellas un objeto de consumo”, alertó la ombudsman de la Cdmx, Nashieli Ramírez. Complementó diciendo que la tolerancia institucional hacia la difusión de esta clase de imágenes es un peligro para las mujeres de la Ciudad de México.
La propuesta de reforma plantea como tal que a quien “indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o compare imágenes, audios o videos o documentos del lugar de los hechos, o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como delito se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de 500 a mil unidades de medida y actualización”, esto es, de 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.
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Además dicha pena se incrementará hasta en una tercera parte cuando contenga imágenes de cadáveres, aumentará hasta una mitad cuando los cuerpos sean de mujeres, niñas o adolescentes y “cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policía” se incrementarán hasta en otra mitad, por eso de habla de hasta 16 años de pena.
Con información de La Jornada.
