CANCÚN, 7 de julio de 2024.- En los últimos cuatro años se perdieron 285 mil 580 hectáreas de selvas, 71 mil 395 al año o 196 diarias, de acuerdo conla Evaluación de la Deforestación en la Península de Yucatán 2019-2023, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
La región es hogar de una diversidad biológica inmensa: selvas, manglares y arrecifes de coral, y enfrenta un desafío ecológico considerable: la deforestación acelerada producto de la interacción de factores económicos, sociales y políticos.
Esa amenaza no solo afecta a la biodiversidad local, sino también a los servicios ecosistémicos que esas áreas proveen y que son fundamentales para la supervivencia de las comunidades humanas de la zona y de las especies animales.
De los tres estados peninsulares, Campeche tiene la mayor superficie deforestada en el periodo, con una pérdida total de 117 mil 124 hectáreas, seguido por Yucatán con 110 mil 77, mientras que Quintana Roo perdió 58 mil 319.
El estudio del CCMSS reveló que los cambios en la cobertura forestal son más agudos en cuatro de los 11 municipios quintanarroenses: Othón Pompeyo Blanco, Bacalar, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto; los dos primeros son los más deforestados en Quintana Roo.
La construcción del megaproyecto Tren Maya y sus obras complementarias y aledañas son un nuevo impulsor de la deforestación en la región, que también es consecuencia del debilitamiento de las instituciones ambientales del país.
La deforestación en la península es un desafío ecológico considerable y una emergencia forestal, y los municipios yucatecos más afectados son Tizimín, Panabá, Tekax y Sucilá.
La degradación es producto de una compleja interacción de factores económicos, sociales y políticos; algunos incluyen al turismo, los fraccionamientos inmobiliarios y la agroindustria. Para contrarrestar el daño, los gobiernos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche firmaron un compromiso para la zona el 10 de diciembre de 2016.
México tiene una legislación ambiental para su acatamiento, pero la reducción drástica del presupuesto operativo, el desmantelamiento de estructuras y la violación al debido proceso durante la construcción de megaobras del gobierno federal, entre otras razones, limitan cumplir con sus responsabilidades y derechos humanos vinculados.
