Mérida, Yucatán.- Una empleada del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) podría estar involucrada en un presunto despojo de inmuebles.
Como parte de la investigación que se realiza a partir de la denuncia 2797/2017, interpuesta por el despojo de un bien inmueble, se incluyó a una empleada del Insejupy, de siglas N.G.O.G., quien habría recibido una fuerte suma de dinero para hacer una inscripción irregular.
Varios yucatecos han resultado afectados por esta red ilícita que se han apropiado ilegalmente de predios, con el apoyo de notarios y abogados que se prestan como cómplices.
Los delincuentes ubican alguna casa que esté desocupada, para luego conseguir la información del dueño, en bancos, registro público y otras dependencias. Con estos documentos, suplantan al propietario y enajenan la propiedad.
VENTA MÚLTIPLE
En este caso, la denuncia penal la interpuso Carlos C.P. contra Manuel Enrique A. H., por el despojo de un inmueble.
De acuerdo con fuentes consultadas, aquí se estaría involucrado el notario Luis Silveira Cuevas, quien protocolizó la operación que al parecer que no cumplía con los requisitos que marca la ley.
Una vez inscrito el documento, el beneficiado procedió a vender el predio a un tercero, para perderle el rastro registral al predio. Coincidentemente, apenas fue registrada la propiedad, entró una solicitud de embargo, lo que evita cualquier nuevo movimiento sobre el inmueble.
La llamada “mafia inmobiliaria” se ha apoderado de varios inmuebles, entre ellos un predio del investigador Luis Ramírez Carrillo en el fraccionamiento Las Américas, y una casa de la activista Irma Castro, en la sección Arboleda de Ciudad Caucel.
Esto ha propiciado que el Registro Público de la Propiedad se haya puesto estricto en sus trámites, pese a que esto retrase más cualquier gestión.
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