Por cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Yucatán despenalizar el aborto y derogar los artículos del Código Penal estatal que lo criminalizan.
La Primera Sala de la Corte concedió un amparo a la asociación Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, que promueve los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y presta directamente el servicio de interrupción del embarazo.
Por cuatro votos a favor y uno en contra, el del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el proyecto de la ministra regiomontana Ana Margarita Ríos Farjat fue avalado en sesión.
En primera instancia, el proyecto determinaba que los artículos 389, 390, 392 y 393 del Código Penal yucateco, que criminalizan el aborto, debían ser inaplicados sólo a la esfera jurídica de la asociación civil amparada y a aquellas mujeres y personas con capacidad de gestar.
El proyecto original tuvo cambios de último momento porque sólo iba por amparar a la organización civil y no ordenar la derogación que criminalizaba el aborto, pero los efectos cambiaron por tres votos de los ministros para que se sigan criterios como en Aguascalientes, en el que la Corte dio esa orden al Congreso local.
“En cuanto a los efectos, se habían propuesto unos efectos acotados, la mayoría determinó que fueran extensos en relación con precedentes, se están presentando entonces extensos y estoy contra eso, me parece que deben ser acotados”, dijo la ministra.
Servicios Humanitarios en Salud Sexual promovió un juicio de amparo indirecto en el que sostuvo que la cláusula constitucional que protege la vida desde la fecundación y el sistema que penaliza el aborto en la entidad vulneran el derecho humano a decidir.
El juez que resolvió el caso consideró que la asociación civil no demostró que se dedicara a practicar interrupciones del embarazo, por lo que consideró que las normas no le afectaban ni siquiera indirectamente.
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“La asociación civil puede reclamar el sistema normativo que prohíbe la práctica del aborto en Yucatán, ya que demostró que durante más de 24 años desempeñó numerosas actividades relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la interrupción legal del embarazo”, señala el proyecto.
