PLAYA DEL CARMEN, MX.- Tras el encarcelamiento del exgobernador Roberto Borge Angulo, inició la lluvia de amparos entre quienes fueron sus colaboradores pues temen correr la misma suerte.
Todos se amparan
La excoordinadora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, IPAE, Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, tramitó un recurso para evitar ser detenida por la autoridad federal.
Ella estaría involucrada en la venta de predios propiedad del patrimonio del Estado a precios muy por debajo de su valor comercial, beneficiando a familiares y prestanombres de Borge.
En total son siete ya los amparos promovidos por gente del primer circulo del otrora poderoso Borge, quien es señalado de lavado de dinero y operación con recursos de procedencia ilícita.
Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Hacienda solicitó un amparo contra el juicio político que le sigue el Congreso de Quintana Roo. Su audiencia constitucional será el 23 de junio.
El exsecretario de Educación y Cultura, José Alberto Alonso Ovando busca evadir una posible orden de aprehensión con un amparo. Se le señala de desaparecer 500 millones de pesos que fueron descontados quincenalmente a las nóminas de profesores pero que no fueron pagados a compañías de crédito.
Encarcelado, se encuentra Mauricio Rodríguez Marrufo, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien también solicitó un amparo, por autorizar descuentos en predios que fueron rematados, propiedad del patrimonio estatal.
Su subordinada, Paulina García, está en libertad pero fue detenida por desempeño irregular en la función pública. Ella solicitó un amparo en contra del Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal.
La extitular del IPAE Claudia Romancillos Villanueva, tramitó un amparo, radicado bajo el número de expediente 1721/2016, y la propia madre de Borge, Rosa Yolanda Angulo Castilla, se amparó el 8 de mayo de 2017 contra una orden de aseguramiento notificada SEIDO.
Investigan a 23 borgistas
Las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en conjunto con autoridades federales arrojan que en realidad son 23 los expedientes que se están integrado.
La lista de 17 indiciados se aumentó a 23, siendo tanto exfuncionarios, cercanos al cozumeleño, familiares y prestanombres, como oportunamente informó QUINTA FUERZA.
Entre los nombres, destaca el ex subsecretario de Finanzas, Eliezer Villanueva Lanz, considerado por la actual administración estatal como el operador financiero de Roberto Borge.
Huyó del país y se presume que está en Líbano. Otro prestanombres señalado es Édgar Manuel Méndez Montoya quien se hizo de 12 propiedades de valor millonario, tres en Cancún y nueve en Playa del Carmen.
El titiritero de Borge
En su columna “Gran Angular”, el periodista Raúl Rodríguez Cortés señala como titiritero de Roberto Borge al senador Félix González Canto.
Precisa el comunicador, que cada vez surge más evidencia que Borge y su gente habrían cometido los delitos antes mencionados por órdenes del legislador federal.
“A los quintanarroenses les queda claro que Roberto era el títere de Félix, a lo largo de una añeja relación política y de negocios que se remonta a sus padres. Esa condición es la que lleva a afirmar en los corrillos políticos del estado que Borge no hacía nada sin el aval de su antecesor”, escribe Rodríguez Cortés.
La asociación civil Somos Tus Ojos, descubrió que durante el gobierno de González Canto también se malbarataron a particulares 877 predios del estado: 406 en Playa del Carmen, 176 en Cozumel, 156 en Cancún y 139 en Chetumal.
Ese negocio no es nada comparado al de las navieras, en el que Félix-Borge crearon Barcos Caribe, fue fundada por el papá de Borge y el tío de González Canto.
Ya fue asegurada por la PGR sin que hasta ahora el SAT haya dado a conocer el resultado de la auditoría emprendida para determinar la procedencia de los 299.9 millones de pesos con que fue creada.
Una tercera fuente de ingresos habría sido operada por los políticos y está relacionada con la delincuencia organizada.
Presuntamente, ambos mantenían una especie de acuerdo entre autoridades estatales y municipales con los principales grupos delincuenciales.
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Fuentes de la PGR aseguran que se sigue la pista del presunto vínculo de González Canto con el constructor Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino de Amado Carrillo, “El señor de los cielos”. A él se le concesionó la construcción de la cárcel de Cancún.
