En su columna publicada en “El Universal”, el periodista Héctor de Mauleón advirtió que presuntamente, la mafia rumana le habría puesto precio a la cabeza de Alberto Capella, exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo quien presentó su renuncia tras los desafortunados sucesos de represión contra feministas en Cancún el pasado 8 de noviembre.
Una agencia de seguridad le advirtió a Capella que la mafia rumana había dado la orden de asesinarlo. Salió del país esa misma noche y se desconoce su paradero, se lee en dicha columna.
En la “mañanera” del 26 de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a la secretaria de Seguridad Ciudadana que atendiera al rumano Florian Tudor, presunto líder de una mafia de origen rumano que opera en Quintana Roo, acusada de dedicarse a la clonación de tarjetas en las principales zonas turísticas del país.
En febrero de 2017 el FBI detectó la existencia de una mafia de clonación de tarjetas que alteraba cajeros automáticos y se hacía de la información de los plásticos a través de Bluetooth. Esos cajeros —casi 30— se hallaban repartidos en Cancún, Cozumel, Tulum, Playa del Carmen.
La información fue compartida con autoridades mexicanas: en cada una de las máquinas se realizaban entre 80 y 200 operaciones diarias. Las tarjetas eran ordeñadas en pequeñas cantidades —100 dólares máximo— para no levantar grandes sospechas.
En marzo de 2019, Tudor fue detenido en un retén montado por el Grupo de Coordinación de Seguridad Ciudadana en Quintana Roo. Le hallaron un arma de uso reservado y 26 mil dólares. Su nombre, y el de uno de sus socios, brincó en las bases de datos de diversas agencias de seguridad internacionales: ya era investigado en su país por fraude cibernético y clonación de tarjetas. Algunos inmuebles fueron cateados por elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo entonces de Alberto Capella.
Un equipo de Estados Unidos fue enviado a México y pudo comprobar la existencia de diversas operaciones financieras. Parte de esa información es la que llegó a manos de la UIF.
La investigación sostiene que la red se extiende a España, Rumania, Francia y Estados Unidos.
El seguimiento de la UIF arrojó la existencia de empresas inmobiliarias y casas de cambio ligadas al grupo que presuntamente encabeza Tudor, conocido como El Tiburón. De acuerdo con las pesquisas, la tarea de estas empresas consiste en bancarizar el dinero obtenido de la clonación.
Santiago Nieto bloqueó en febrero cuentas por más de 500 millones de pesos, de 72 personas físicas y morales. Reveló que la unidad a su cargo había identificado a seis políticos y funcionarios “que generaban mecanismos de protección a los delincuentes a cambio de algún beneficio”. Esa red de protección llega a la Ciudad de México —aunque esa investigación aún está en curso.
Aparte de las investigaciones seguidas en México por la UIF y la Fiscalía General de la República, en Estados Unidos hay cuatro investigaciones en curso contra la mafia rumana.
Tudor ha publicado una carta abierta denunciando una campaña mediática de desinformación, en la que aclara que no aparece en ninguna de las cuentas bloqueadas por la UIF y no tiene notificación alguna de que se le esté investigando. Pero, Santiago Nieto ha señalado que una red de corrupción judicial le ha dado al grupo criminal un halo de protección jurídica “para el no ejercicio de la acción penal”.
Fuentes de seguridad aseguran que la red de vínculos de la clonación de tarjetas a nivel nacional está a punto de ser develada, y que pronto veremos un puñado de órdenes de aprehensión.
