> Familias son desalojadas sin notificación previa de un juez
>>Red de impunidad y corrupción entre actuarios y jueces
>>> Desalojos violentos con armas de fuego irrumpen en hogares
CANCÚN.- Una ola de desalojos impunes se realiza desde que inició el año en el municipio de Benito Juárez mejor conocido como Cancún, el motivo de estos actos dudosos de legalidad se debe por la quiebra de la Hipotecaria Su Casita (HSP) hace ya más de 10 años.
Las personas quienes obtuvieron un crédito con esta empresa aceptaron el préstamo en Unidades de Inversión (Udis) y ante el cierre de la hipotecaria no pudieron negociar para pagar menos y una casa que tenía un valor de 200 mil pesos hoy el afectado debe pagar más de un millón de pesos.
Así también existen afectados que ante la quiebra de esta hipotecaria no recibieron ninguna información de las nuevas administradoras que obtuvieron esta cartera vencida y después de 10 años se aparecen con la intención de desalojar a las familias sin darles la oportunidad de promover un juicio.
Ante este problema que no puede resolver ninguna autoridad estatal, surge una organización llamada “Resistencia Ciudadana”, que comenzó con 70 familias para defenderse de estos desalojos de manera legal, hoy suman ya, 700 cancunenses que están logrando conseguir amparos para recuperar sus viviendas.
La parte jurídica de “Resistencia Civil” que lleva estos 700 casos señaló que empresas como: Tertius, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, Péndulum, S. de R.L. de C.V., Banco HSBC, este último contrató un despacho que de acuerdo con personas desalojadas los amenazaron con armas de fuego.
El área jurídica resaltó que estas empresas se presentan a las casas de los afectados con un supuesto “juicio” en donde ya existe la orden de un juez para el desalojo, pero nunca se le notificó legalmente con tiempo al deudor y ejercen la violencia para el desalojo.
Estos actos ilegales están llenos de corrupción actuarial porque son documentos firmados por jueces y actuarios lo que muestra una red de impunidad y corrupción en el sistema judicial, señaló la parte legal de Resistencia Ciudadana.
Así también a los abogados de las victimas no se les está dando el derecho del acto de prescripción.
Ante esta coyuntura están surgiendo abogados apócrifos que, al ver la necesidad de la gente, les piden dinero y les señalan que deben meter una queja ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, (SHCP) así como en la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHQROO). Lo cual no es una demanda y no procede para recuperar un bien inmueble.
Integrantes de esta red como; Ana Luisa Rosales, Alejandro Ramírez, Gerbert Velasco, David Cruz y Sol Mirka son ciudadanos que defendieron legalmente su patrimonio y hoy están ayudando a más familias a no perderlo.
Los integrantes resaltaron que además de la parte legal realizarán una serie de marchas y manifestaciones en Cancún para lograr que la ciudadanía despierte y no se permitan más actos de corrupción y desalojos impunes.
Con Información de Verónica Fajardo.
