La resolución final de la consulta popular para retirarle la concesión a Aguakan sigue en el aire. Y a la vez hay voces que exigen que a partir de estos resultados se aplique de manera inmediata la salida de la empresa y otras más mesuradas que entienden que antes de tomar semejante decisión, se deben analizar los impactos económicos y políticos.

Vamos a concentrarnos por un momento y poner las cartas sobre la mesa. Se dice que después de los resultados, serán los nuevos miembros del Congreso del Estado quienes tengan la responsabilidad de tomar una decisión al respecto. La duda en torno a este tema es ¿Estos nuevos integrantes entenderán y conocerán la dimensión del contrato de concesión que tiene Aguakan? No lo sabemos. 

En dicho contrato no se contempla y no existe la figura de la consulta popular para terminar con la concesión, por lo que, si los miembros del Congreso deciden retirar la concesión y obligar a los presidentes municipales a suspender el contrato, la compensación que tendrían que entregar a la compañía es incalculable, tan es así, que llevaría a los Ayuntamientos a la bancarrota por muchos años. Además dejaría sin capacidad de operación e inversión de todo el sistema hidráulico. 

MILLONARIA COMPENSACIÓN

¿Por qué hablamos de un valor incalculable? Pues porque de acuerdo al contrato de concesión y a la información que hemos podido tener acceso, al romper de manera unilateral el contrato, los gobiernos estatal y municipales deberán pagar el equivalente a los ingresos anuales que tiene la empresa, multiplicados por cada año faltante del contrato. A lo anterior se le tienen que sumar los montos de inversión realizados por la concesionaria desde el primer año de operación. 

Y eso no es todo, hay un préstamo que el gobierno estatal solicitó a CAPA en tiempos de Roberto Borge que, aunque vence en 2030, si se cancela la concesión los bancos podrían solicitarle que devuelva antes de tiempo. Son 560 millones de pesos más intereses de 481 millones de pesos; esta cantidad también se sumaría a la compensación que tendrían que pagar a Aguakan por rescindir un contrato vigente; así que haga cuentas estimado lector.

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La pregunta nuevamente es ¿Están dispuestas las autoridades de los distintos niveles de gobierno a asumir ese costo y arriesgar el dinero que se tiene contemplado para otros rubros importantes como educación, seguridad, salud, recoja de basura, obras, etcétera? 

Al final, si se decidiera sacar a la empresa, los miles de millones de pesos para su indemnización, los terminarían pagando de una u otra manera los quintanarroenses. ¿Tiene sentido entonces que haya quienes piden terminar un contrato solo porque así impulsan sus carreras políticas? ¿Para qué cargar una deuda innecesaria a los ciudadanos? ¿No sería más sensato exigir a la empresa la mejora del servicio y supervisarla? El tiempo lo dirá…