Las obras del Tren Maya siguen dando de qué hablar, en especial en el tema legal pues luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró las obras como un asunto de seguridad nacional, automáticamente expuso a los funcionarios que participan en este proyecto a denuncias por desacato judicial, advirtieron constitucionalistas.
Y es que aunque la maniobra de AMLO buscaría ganar tiempo para concluir el proyecto estrella de su sexenio, pone en riesgo no solo el medio ambiente también la situación legal de los funcionarios que estén vinculados al proyecto.
Esto con relación especial al tramo 5 del proyecto, el cual estaría amenazando una importante red subterránea de cavernas y cenotes que atraviesan parte de la península de Yucatán y el estado de Quintana Roo, así como la flora y fauna de la región.
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Tras esta decisión del consejo de Seguridad Nacional, el gobierno no estaría bajo riesgo legal pero sí todos los funcionarios que decidan ser parte del proyecto, quienes estarían expuestos a diversas sanciones en materia legal.
Cabe destacar que el proyecto se mantiene retrasado debido a la lucha de grupo ambientalistas para que se realicen los estudios correspondientes para determinar la viabilidad del proyecto y que sea sustentable para el ambiente, estudios que no se han realizado de forma correcta poniendo en riesgo ambiental la región.
En este sentido, esta semana las organizaciones Moce Yax Cuxtal, A.C., Grupo Gema del Mayab, Jaguar Wild Center, la Red de Capacitadores Socio Ambientales así como activistas de Sélvame del Tren presentaron una petición ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), un documento con el cual se espera el apoyo internacional de Canadá y Estados Unidos para que el gobierno pueda realizar los estudios bajo los parámetros correctos y así evitar un daño irreversible para la selva de Quintana Roo.
Con información de Proceso
