Mientras en el juicio por su desempeño como abogado del estado ha padecido todo tipo de ataques, más bien debidos a la ignorancia de la opinión pública y la prensa de las leyes –especialmente del sistema penal acusatorio–, exagerados a veces, injustos en muchas ocasiones, pero con la revuelta de agentes ministeriales de ayer en las sedes de la Fiscalía General de Quintana Roo surgieron las verdaderas debilidades de Miguel Ángel Pech Cen, que más bien son internas, administrativas y potencialmente muy lesivas contra la gobernabilidad de Carlos Joaquín González.
Se tambalea el fiscal, pues el mandatario estatal ya declaró que, sin dejar de estar pendiente el gobierno de un asunto por lo menos es delicado, tendrá que ser la propia Fiscalía la que resuelva el conflicto laboral que ayer estalló, pues aunque sabemos que en casi ninguna parte del mundo con régimen republicano es real la autonomía de la procuración de justicia las leyes –por lo menos de Quintana Roo– establecen esa distancia del Poder Ejecutivo. Tal vez el gobernador lo deje desbarrancarse, pues.
Alrededor de medio millar de trabajadores, básicamente policías ministeriales pero supuestamente con el apoyo de administrativos e integrantes del ministerio público, se quejaron de la falta de apoyo de la Fiscalía para el desempeño de sus labores, de pésimas condiciones de trabajo y equipamiento –lo que pone en riesgo sus vidas al enfrentar a los delincuentes– y de un estancamiento salarial de una década.
Llama mucho la atención que Blanca Imelda Ávila Várguez –de las más cuestionadas supervivientes de la administración anterior, luego del “cambio”– después de ser nombrada súper asesora del Fiscal haya llegado a la Dirección de Administración no solo para no resolver, sino para empeorar las cosas. De las quejas más encendidas que expresaron los policías fueron precisamente inconformidades contra su actuar desde que asumió el cargo a principios de marzo.
El disgusto de los trabajadores de la Fiscalía data no de hace poco, sino del principio de su administración. Sus credenciales académicas no despreciables –pero tampoco excelsas: su grado es de maestría, no de doctor, como suelen decirle sus aduladores– lo impelió a tratar a sus empleado no como subordinados, sino como seres humanos inferiores.
Intolerante, grosero y hasta misógino, al interior de la institución colecciona repudios, rebeldías y numerosas renuncias. Para ilustrar su estilo baste una anécdota: al finalizar un desayuno con los reporteros de la fuente en Chetumal el abogado encabezó una rifa, en la que para hacerse el gracioso dijo que también iba a entregar como premio a su directora de Comunicación Social, Luvia Rejón Hernández, quien se quedó boquiabierta y trabada de coraje. Obvio: hace un par de meses renunció al no soportar más el impropio trato de Pech, ¡y vaya que tiene carácter!
En esta parte administrativa que ahora pone en jaque Miguel Ángel Pech, a diferencia del tema ministerial, en el que ha sido criticado casi siempre sin bases jurídicas, diríamos con Joaquín Sabina que “nos sobran los motivos” para ampliar las apuestas por la caída del Fiscal.
