El recorte al presupuesto del Poder Judicial aprobado desde el Congreso limita su operatividad, considera el Observatorio Legislativo de Quintana Roo. Y es que la mayor parte de estos recursos se destinan a los sueldos de los funcionarios.
“Si bien es cierto que fue necesario eliminar el candado constitucional que se había aprobado en legislaturas anteriores que impedía reducir los presupuestos de algunos entes públicos, no se reflexionó que ese candado se puso después de asignar presupuestos elevados… Sin embargo no se consideró que debían de efectuarse las asignaciones atendiendo a las necesidades y situaciones de cada entidad pública así como de su impacto y trascendencia en la problemática del Estado”, destaca en un comunicado el organismo ciudadano que preside Eduardo Galaviz.
El Observatorio Legislativo resalta que el presupuesto del Poder Judicial para el 2023 será de 714 millones 631 mil 268 pesos. Sin embargo, el problema radica en que el 88.5 por ciento de ese dinero está asignado a la denominada partida 1000, es decir a los sueldos y salarios de las mil 782 personas que laboran en dicha instancia.
De tal manera que únicamente el 11.5 por ciento restante del presupuesto del Poder Judicial que preside Heyden Cebada Rivas es para materiales, suministros, servicios generales y obras menores. El recurso es a todas luces insuficiente.
Si bien el Observatorio Legislativo indica que el presupuesto del Poder Judicial no alcanzará para que pueda operar de manera adecuada, también considera que se podrían evaluar los salarios que se perciben en el Tribunal Superior de Justicia, pues en opinión algunos son de los más altos en la entidad, incluso por encima de funcionarios de la administración estatal. Hay magistrados que ganan 145 mil pesos en promedio.
Asimismo destacó que esta situación también se presenta en la Fiscalía General de Quintana Roo, donde hay salarios altos. Sin embargo cuestionó por qué se destinó menos presupuesto para las dependencias que se encargan de la seguridad en lugar de otras, como Bienestar.
“La suma de los presupuestos de las dos entidades dedicadas a la impartición de justicia es menor al presupuesto asignado a la Secretaria del Bienestar que para el 2023 tendrá cerca de 2 mil millones de pesos; recordando también que para el pago de la Deuda Pública se presupuestó en cerca de 5 mil millones de pesos para este año”, resalta en otra parte el comunicado.
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Por lo anterior, el Observatorio Legislativo puntualiza que la controversia por la reducción del presupuesto del Poder Judicial debería conducir a una discusión y análisis sobre cómo se otorgan los presupuestos, a qué áreas y también para analizar si los salarios de algunos funcionarios de algunas dependencias son altos o no, considerando el total del presupuesto del estado de Quintana Roo.
