PLAYA DEL CARMEN, MX.- Entre 25 y 30 funcionarios de la administración que encabezó Mauricio Góngora Escalante y Rafael Castro Castro (como presidente interino) no cumplieron con su declaración patrimonial tal cual establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Ex funcionarios serían inhabilitados
Por lo anterior, comentó la presidenta en turno, Cristina Torres Gómez, podrían ser objeto de sanción que incluye la inhabilitación a cargos públicos.
“Hubo muchos, ya fueron turnados a la Contraloría para el procedimiento; si seguimos la ley, procede la inhabilitación, hay que trabajar en eso, la Contraloría tiene el listado, nos notifica y nosotros la regresamos para decirle que se proceda por ley”, declaró.
“Hablamos de 25, 30 funcionario de todos los que estaban obligados y no fue presentada ante nosotros”, agregó.
De acuerdo a la Ley de Responsabilidades citada, en el artículo 84, “Tienen la obligación de presentar declaración de situación patrimonial, en los términos y plazos señalados por la presente Ley, y bajo formal protesta de decir verdad:
- En la Administración Pública Municipal, a través de sus órganos de control interno: el Presidente Municipal, Regidores, Síndicos, Secretario, Tesorero, Oficial Mayor, y los servidores públicos desde nivel de Jefes de Departamento o sus equivalentes y aquellos que manejen, recauden o administren fondos y recursos municipales, así como los jefes de grupo de la Policía Preventiva a cargo de los Municipios”.
Por Ley, estaban obligados a presentar su declaración
Asimismo, el artículo 87 de la misma, refiere que la declaración de situación patrimonial deberá presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión; y dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del cargo.
Es decir, que los funcionarios de la administración pasada debieron entregarla desde noviembre.
El mismo artículo 87 establece que “para el caso de que se omita la declaración contemplada en la fracción II sin causa justificada se procederá a la aplicación de sanción económica equivalente hasta por cinco meses de salario mínimo en el Estado y, en su caso, inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público hasta por un año previa substanciación del procedimiento administrativo correspondiente”.
En este sentido, Torres Gómez comentó que falta verificar si algunos de éstos hicieron la declaración en línea, “y el que no esté, se saca el dictamen”.
En el caso de los funcionarios entrantes, comentó que sólo un caso no presentó esta declaración, pero fue porque se cambió a la administración estatal.
También te puede interesar: Mauricio Góngora otorgó 600 permisos irregulares a vendedores ambulantes en las playas
Finalmente sobre la declaración Tres de Tres que no exige la ley, pero que se comprometió a presentar junto a sus funcionarios, la alcaldesa refirió que ella ya hizo lo propio y que algunos solicitaron hasta enero, una vez que cumplan con su declaración de impuestos.
