Una red organizada de corrupción opera en Quintana Roo, involucrando a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, funcionarios y entidades bancarias, en un esquema que fabrica juicios laborales falsos para embargar cuentas de pequeños negocios y grandes empresas. Esta alianza ilícita genera jugosas ganancias para todos los participantes, a costa de la ruina de empresarios honestos y la inestabilidad económica de la región.
Afectados exponen cómo el personal de las Juntas de Conciliación, en contubernio con el funcionarios estatales, crean expedientes ficticios con trabajadores inexistentes y salarios inflados.
Estos juicios permiten embargos inmediatos por millones de pesos, sin verificación alguna. Los bancos, a su vez, se vuelven facilitadores y ejecutan estos embargos, beneficiándose de comisiones, intereses y posibles cuotas por “servicios” en la cadena de corrupción, lo que revela una distribución de ganancias entre todas las partes involucradas.
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“Esta organización no es casual; es un negocio redondo donde las Juntas obtienen sobornos por fabricar casos, el Gobierno asegura lealtades y control, y los bancos multiplican sus ingresos con transacciones forzadas”.
El impacto es devastador: PYMES cierran por falta de liquidez, mientras grandes empresas reconsideran sus inversiones en un estado plagado de inseguridad jurídica.
