El pasado viernes 26 de septiembre de 2025, un apagón masivo sacudió a la Península. Los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche se quedaron sin electricidad por varias horas. La afectación reabrió el debate sobre la falta de competencia en algunos sectores y la importancia de la participación de empresas privadas en la prestación de servicios por el bien de la ciudadanía.
La causa fue una falla en una línea de transmisión eléctrica en el sureste del país, según reportes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
La magnitud de la afectación fue grande: alrededor de 2.2 millones de usuarios sin servicio en los tres estados.
Varias centrales eléctricas y líneas de transmisión de alto voltaje se vieron involucradas. Más allá del calor insoportable de verano y la humedad que se sentía aquel día, la afectación pone nuevamente un tema a debate: la falta de competencia en el sector energético, el monopolio de una dependencia gubernamental.
Fueron cerca de 250 millones de pesos los que se perdieron tras el apagón masivo. Los daños al comercio, los servicios, los horarios, la atención médica y los turísticos fueron inmediatos y severos. Nada se puede hacer sin energía elétrica.
Este apagón vuelve a poner sobre la mesa una pregunta recurrente: ¿cuándo los servicios públicos estatales como los CFE tendrán competencia directa que beneficie a los usuarios? Ceder algunos espacios al sector privado podría mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación de servicios.
VENTAJAS Y RETOS DE LA PRIVATIZACIÓN FRENTE A LO PARAESTATAL
Cuando las empresas privadas funcionan bien, tienden a ofrecer mejores tiempos de respuesta, mayor mantenimiento preventivo, inversión constante en infraestructura y una orientación al cliente que muchas veces brilla por su ausencia en entidades estatales con burocracia pesada.
Un ejemplo muy presente es el de la concesionaria del agua potable y saneamiento en Quintana Roo dentro de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
La concesionaria de agua potable y saneamiento en Quintana Roo ha realizado una inversión de ocho mil 865 millones de pesos en infraestructura, y ha contribuido con un porcentaje de sus ingresos como contraprestación al estado. Y su servicio contrasta de manera notoria con el brindado por CAPA en el resto de la entidad.
¿PUEDE QUINTANA ROO MEJORAR CON MODELOS PRIVADOS O MIXTOS?
Si bien los servicios públicos deben garantizar el derecho humano, estabilidad, costes justos y transparencia, la participación privada o esquemas mixtos pueden ayudar a complementar los déficits estatales en infraestructura, mantenimiento, capacidad técnica.
El apagón masivo de luz por fallas de la CFE de septiembre muestra que la infraestructura eléctrica estatal tiene puntos vulnerables: líneas de transmisión que fallan, mantenimiento quizá insuficiente, capacidad de respuesta limitada.
Un modelo mixto, o una apertura regulada al sector privado para ciertas labores (como generación, parte de transmisión o respaldo) podría disminuir la probabilidad de apagones, a la vez que la competencia ayudaría a que se brinde un mejor servicio.
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La muestra está en la prestación del servicio de agua potable en Quintana Roo. En los cuatro municipios donde está concesionado, Benito Juárez, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, hay mayor calidad y personal que atienda cualquier situación. En el resto del estado los problemas se multiplican por causa de las fallas y negligencias de CAPA, que además no resuelve de inmediato las quejas de los usuarios.
Sirve el apagón entonces para poner el tema de nuevo a discusión: que la competencia mejora la calidad de los servicios prestados, tal como pasa con algunos servicios concesionados en la entidad.
