Los vapeadores quedan ahora completamente prohibidos en México. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud que prohíben su fabricación, venta, distribución, importación y publicidad, aplicando la medida también a cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en todo el país.
Con 292 votos a favor, 163 en contra y ninguna abstención, el dictamen fue enviado al Senado para su revisión y eventual aprobación final. La iniciativa establece penas de uno a ocho años de prisión y multas que pueden superar los 226 mil pesos para quienes comercialicen estos productos de manera ilícita.
Sin embargo, consumir o poseer vapeadores para uso personal no constituye un delito, y las sanciones están dirigidas únicamente a quienes producen, distribuyen o comercializan estos dispositivos con fines de lucro.
El dictamen contempla medidas contundentes: prisión de uno a ocho años para quienes fabriquen, distribuyan, vendan o publiciten vapeadores o cigarrillos electrónicos.
Además, las multas económicas oscilan entre 100 y dos mil UMAs, equivalentes a 11 mil y 226 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y la reincidencia. Estas sanciones aplican a todas las etapas de la cadena comercial, incluyendo fabricación, importación, exportación, distribución, publicidad, transporte y almacenamiento con fines de venta, y la prohibición es absoluta en todo el territorio nacional.
Los legisladores defendieron que la reforma adopta un enfoque “preventivo y cuidador”, evitando criminalizar a los consumidores afectados por adicciones previas.
El diputado Gilberto Daniel Castillo García destacó que la medida busca cerrar vacíos legales que permiten la proliferación del mercado informal de vapeadores.
Por su parte, la oposición advirtió que la prohibición podría favorecer la actividad del crimen organizado, al eliminar un producto con alta demanda sin establecer mecanismos regulatorios que controlen su circulación.
Organizaciones y especialistas habían alertado desde junio sobre el crecimiento acelerado del mercado ilegal de vaporizadores en México, impulsado por políticas restrictivas y falta de regulación efectiva.
El dictamen reconoce al vapeo como una amenaza a la salud pública, abriendo la puerta a nuevas políticas de control, campañas de prevención y protección a grupos vulnerables.
Esta ley busca proteger a los menores de edad, dado que se ha detectado consumo incluso en niños de ocho y nueve años, un riesgo que califican de “letal”.
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El objetivo de la reforma es frenar la expansión de dispositivos que, según las autoridades de salud, contienen sustancias tóxicas, aromas adictivos y elementos cancerígenos, y proteger a la población más vulnerable de sus efectos nocivos.
El Senado ahora deberá revisar y votar el dictamen. Si se aprueba sin modificaciones, la prohibición y las sanciones entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, consolidando un marco legal más estricto para el control del vapeo en México.
Fuente: Excélsior
