Una jueza federal ratificó la prisión preventiva y vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exsubprocuradora de Guerrero, por su presunta responsabilidad en la manipulación de evidencias del caso Ayotzinapa.
Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la impartidora de justicia Nora Ileana García Peralta validó las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República.
La resolución judicial también afecta a Margarita Anguiano Castro, quien enfrentará junto a la exfuncionaria un proceso penal por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Agentes federales capturaron a ambas mujeres durante un cateo realizado en un departamento de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.
En el inmueble, los investigadores localizaron cinco cartuchos útiles y diversas cajas de medicamentos controlados con presuntos fines de comercio.
Tras calificar de legal la detención, la jueza otorgó a la fiscalía un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria. Mientras tanto, las imputadas permanecerán recluidas en el penal femenil de Santa Martha Acatitla bajo la medida de prisión preventiva de oficio, vinculándolas formalmente con los hechos de Ayotzinapa.
Exfuncionaria de Guerrero destruye evidencia del Ayotzinapa
La acusación principal contra la exsubprocuradora Blanca María del Rocío Estrada Ortega se centra en la pérdida, ocultamiento o destrucción de material videográfico del caso Ayotzinapa.
La fiscalía sostiene que la exfuncionaria intervino deliberadamente en la desaparición de las grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala.
Dichos videos registraron los sucesos violentos del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas de la madrugada siguiente. La ausencia de este material digital constituye un obstáculo severo para identificar a los responsables de la agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa.
Expertos en el caso señalan que el contenido de esos videos posiblemente mostraba el momento exacto en que policías locales interceptaron uno de los autobuses de los normalistas.
Al desaparecer estas cintas, las autoridades de aquel entonces impidieron el rastreo de las patrullas involucradas y el destino final de los jóvenes desaparecidos.
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La captura de Blanca María del Rocío Estrada Ortega representa un avance en la línea de investigación que busca castigar a los funcionarios que encubrieron el crimen. El Estado mexicano intenta así desarticular la red de complicidades que rodea la noche de Ayotzinapa.
El operativo de captura ocurrió en la colonia Jardín Balbuena, donde los agentes ministeriales sorprendieron a la exfuncionaria en su domicilio particular.
Además de los cargos relacionados con la justicia guerrerense, las imputadas deben explicar la procedencia de los psicotrópicos encontrados en su posesión.
La vinculación a proceso de Blanca María del Rocío Estrada Ortega reabre el debate sobre la responsabilidad de los altos mandos estatales en la obstrucción de la justicia. La sociedad civil y los familiares de las víctimas mantienen una vigilancia estrecha sobre este nuevo capítulo del expediente Ayotzinapa.
Con información de: Milenio
