Durante años, en México ha habido una narrativa casi automática: lo público es bueno por definición y lo concesionado es sospechoso. Sin embargo, la realidad —esa que se vive todos los días en calles, aeropuertos, carreteras y servicios básicos— suele ser más compleja. En muchos casos, los servicios concesionados han demostrado mayor eficiencia, inversión constante y una atención más clara a los usuarios que muchas paraestatales que, aunque bien intencionadas, operan con estructuras pesadas y recursos limitados.
No se trata de defender al sector privado ni de descalificar al Estado, sino de reconocer lo que funciona y lo que no. Porque cuando hablamos de servicios esenciales, la ideología debería quedar en segundo plano frente a la calidad, continuidad y capacidad de respuesta.
CUANDO LA CONCESIÓN SÍ DA RESULTADOS
En distintos puntos del país, los servicios concesionados han permitido resolver problemas que durante décadas parecían estancados. Hay concesiones carreteras que pasaron de tramos inseguros y mal mantenidos a autopistas modernas, con mayor conectividad, reducción de accidentes y programas permanentes de conservación. Aunque las tarifas suelen generar debate, lo cierto es que la calidad del servicio, la señalización y la capacidad de respuesta ante emergencias han mejorado.
También existen casos de sistemas de recolección y manejo de residuos operados bajo esquemas concesionados que lograron profesionalizar procesos, incorporar tecnología y cumplir con normas ambientales que antes no se aplicaban. La optimización de rutas, el mantenimiento del parque vehicular y la disposición final adecuada han tenido impactos directos en la salud pública y en la imagen urbana de varias ciudades.
En materia de transporte público, algunas concesiones han permitido la renovación de flotas, la capacitación de operadores y la implementación de sistemas de pago más eficientes. Aunque no exentos de retos, estos modelos han mostrado una mayor capacidad de adaptación frente al crecimiento urbano y a las nuevas demandas de movilidad, algo que muchas estructuras públicas no han logrado con la misma rapidez.
Incluso, en servicios menos visibles, como el alumbrado público o la gestión de infraestructura urbana, las concesiones han facilitado en algunas ocasiones inversiones iniciales importantes que los municipios difícilmente podrían asumir por cuenta propia. La sustitución de luminarias, el ahorro energético y la reducción de fallas operativas son ejemplos concretos de cómo estos esquemas pueden traducirse en beneficios directos para la ciudadanía.
En algunos sistemas de agua concesionados en el país, la eficiencia en la cobranza, la reducción de fugas y la profesionalización del servicio han sido ampliamente documentadas. Son ejemplos que demuestran que, con reglas claras y vigilancia adecuada, una concesión puede traducirse en beneficios tangibles para la población.
EL CONTRASTE CON MUCHAS PARAESTATALES
Del otro lado, también hay realidades incómodas. Muchas paraestatales operan con infraestructura envejecida, problemas financieros recurrentes y una toma de decisiones lenta más atada a ciclos políticos que a criterios técnicos. El resultado suele ser conocido: servicios irregulares, falta de mantenimiento, poca inversión y usuarios que terminan pagando el costo, no solo en dinero, sino en tiempo y calidad de vida.
Esto no ocurre por falta de talento o compromiso de sus trabajadores, sino por modelos de gestión que ya no responden a las necesidades actuales de ciudades que crecen rápido y demandan servicios cada vez más complejos.
QUINTANA ROO, UN EJEMPLO EN EL AGUA CONCESIONADA
En Quintana Roo, el caso de la concesionaria del agua es particularmente ilustrativo. Más allá de la polémica política que suele rodear el tema, los hechos muestran que la concesión ha permitido una expansión constante de la infraestructura hidráulica, atención a zonas de rápido crecimiento urbano y una capacidad técnica que difícilmente podría haberse desarrollado con recursos públicos limitados.
La construcción y operación de plantas de tratamiento, la ampliación de redes y la atención a contingencias en un estado con alta presión turística no son tareas menores. Son resultados que, aunque perfectibles, evidencian una operación sostenida y con visión de largo plazo.
En 2025, la concesionaria de agua ha continuado con inversiones significativas en infraestructura hidráulica y sanitaria en varias zonas del estado. Durante los primeros ocho meses del año, se consolidó un programa de inversiones que supera los 208 millones de pesos, destinados a obras en Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Puerto Morelos. Parte de ese gasto incluyó la sustitución de más de 42 kilómetros de tubería en redes de agua potable para hacer más eficiente el suministro y reducir fugas.
En Cancún, también se impulsó la construcción de un nuevo acueducto con capacidad para transportar hasta mil 160 litros por segundo, obra clave para fortalecer el abastecimiento de agua potable para cerca de 911 mil habitantes, anticipándose a la demanda derivada del crecimiento urbano.
Te puede interesar: El agua en Quintana Roo, entre lo público y lo privado
Finalmente, la empresa también mantiene sistemas de gestión con certificación internacional bajo la norma ISO 9001:2015, realiza más de 285 análisis semanales del agua —35 por ciento por encima de lo requerido por la norma oficial— y estudios de estrés hídrico en cientos de pozos, lo que refleja un enfoque en calidad, control y monitoreo permanente del agua desde la extracción hasta la entrega a los usuarios.
PENSAR MENOS EN DOGMAS Y MÁS RESULTADOS
Cuestionar la calidad de los servicios concesionados es válido y necesario. Pero hacerlo desde prejuicios ideológicos, ignorando los resultados concretos, puede llevar a decisiones costosas. Antes de apostar por el regreso de servicios a manos de paraestatales, vale la pena preguntarse si realmente existe la capacidad técnica, financiera y operativa para mejorar lo que hoy funciona.
Al final, lo que debería importar no es quién opera el servicio, sino cómo lo hace y a quién beneficia. Porque en temas tan sensibles como el agua, la movilidad o la infraestructura, los discursos pesan poco frente a la realidad cotidiana de los ciudadanos.
