Costosa la consulta, y más cara aún la cancelación de la concesión

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Una vez que la consulta ha sido cancelada, algunos proponen que el contrato de concesión se termine, pero el costo sería muy alto para Q. Roo
Una vez que la consulta ha sido cancelada, algunos proponen que el contrato de concesión se termine, pero el costo sería muy alto para Q. Roo

Ya sabemos que la consulta para retirar la concesión a la empresa que brinda servicio de agua potable y alcantarillado en el norte de Quintana Roo no se llevará a cabo pues no hay recursos para desarrollarla.

Son 21 millones 800 mil pesos los que se necesitaban para su implementación. Presupuesto que no tienen ni el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) ni el Gobierno del Estado, mucho menos en estos tiempos de crisis económica causada por la pandemia.

Ya se ha dicho que estos recursos bien podrían emplearse en la compra de vacunas llegado el momento, o para la rehabilitación de escuelas. En fin, para cualquiera de las necesidades que requieren atender las autoridades. Otras opciones serían pavimentación de calles, construcción de banquetas, o alguna otra obra de infraestructura.

LA “ALTERNATIVA”

Pero ahora que no se vislumbra una opción para llevar a cabo la consulta este 6 de junio, día de las elecciones, hay quienes al parecer están contemplando otra posibilidad: proponen que se rompa el contrato vigente con Aguakan. Pero al parecer no están pensando en las implicaciones que esto conlleva, sobre todo en lo económico.

Como se dice coloquialmente saldría “más caro el caldo que las albóndigas”, pues la indemnización por romper este contrato vigente con Aguakan, sería muy costosa. Y si no se tuvieron los 21 millones 800 mil pesos para la consulta, menos podría lograrse la cantidad para rescindir este acuerdo vigente hasta 2024 en dos municipios y hasta 2053 en Solidaridad.

¿Se imaginan todas las obras, proyectos y necesidades de la población que quedarían en pausa y sin cubrir solo porque a alguien se le ocurre querer romper este contrato manera unilateral?

QUEDARÍAN EN QUIEBRA

Tan solo para darnos una idea, cada municipio deberá pagar una fuerte indemnización por romper el contrato. Solidaridad, por ejemplo, tendría que pagar unos mil millones de pesos, cifra elevada para este o para cualquier otro municipio.

Y en total, para que los cuatro municipios den por terminado el contrato, se tendrían que pagar las ganancias de la empresa concesionaria hasta el año en que la concesión operaría, es decir hasta el 2053. Así lo marca el acuerdo firmado.

Por lo que posiblemente habría que pagar unos 13 mil 500 millones de pesos. Eso no lo soportaría ningún Ayuntamiento, y el gobierno del estado tampoco podría entrar al quite, y tampoco lo haría la federación. Por eso, en términos reales, terminar el contrato sería como dispararse en un pie, o en ambos.

Y eso no sería todo, si se termina el contrato de la concesión, el gobierno del estado estaría obligado a liquidar un crédito que se pidió para CAPA en tiempos de Roberto Borge, dinero que además desaparecieron.

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Fueron 560 millones de pesos, más 481 millones de intereses. Este crédito se vence en el 2030, pero si se cancela la concesión, el banco podría exigir que se cumpla en automático con la deuda total, incluidos los intereses.

Por todo esto, y más allá de discursos politizados y electoreros sobre si se debe o no hacer la consulta, o retirar la concesión, la realidad es que todo lo anterior sería muy costoso para municipios y el estado.

La opción más viable para las autoridades -y la menos costosa- es que velen para que todo lo que se estipuló en el contrato con la empresa concesionaria se continúe cumpliendo al pie de la letra. Finalmente esa es una de sus responsabilidades como gobernantes. La pregunta es ¿lo quieren hacer? La otra vía, es sin duda costosa, y podría dejar en la quiebra a municipios y a Quintana Roo.