Un juez federal en Texas ordenó al gobierno de Biden revivir una política fronteriza de la era Trump que requería que los migrantes permanecieran en México hasta la fecha de su audiencia en una corte de inmigración de Estados Unidos.
Poco después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo, puso fin a la política conocida como “permanecer en México”, que resultó en que miles de migrantes no mexicanos tuvieran que esperar en México hasta sus audiencias de inmigración, a menudo en condiciones peligrosas.
En abril, el estado de Texas y el estado de Missouri demandaron a la administración Biden, argumentando que revertir la política condujo a un aumento de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México que impuso costos a los estados.
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Un par de meses después, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, puso fin formalmente a la política en un memorando de junio, y la administración luego trabajó para admitir a los migrantes que habían estado sujetos a ella.
Pero el viernes por la noche, el juez Matthew Kacsmaryk, designado por Trump, impidió que la administración implementara ese memorando, aunque pospuso su orden durante siete días “para que el gobierno federal tuviera tiempo de buscar ayuda de emergencia a nivel de apelación”.
Kacsmaryk dijo que la terminación de la política por parte de la administración Biden violó la Ley de Procedimiento Administrativo, o APA, una ley que dicta qué procedimientos deben seguir las agencias para implementar ciertas políticas.
Específicamente, el juez dijo que Mayorkas “no consideró varios de los principales beneficios” de la política conocida como Protocolos de Protección al Migrante en su memorando de junio, ni abordó el aumento de los cruces fronterizos.
Kacsmaryk también llegó a la conclusión de que una de las razones clave por las que el memorando proporcionó para poner fin a la política fue arbitraria, en violación de la APA, que prohíbe a las agencias tomar acciones “arbitrarias” y “caprichosas”.
La política de Trump, que fue una desviación sin precedentes de los protocolos anteriores, se puso en vigencia en 2019 mediante un memorando de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Se estima que 68.000 migrantes fueron devueltos a México bajo la política.
Para las personas, eso significó esperar meses, si no años, en condiciones miserables y bajo la amenaza de extorsión, agresión sexual y secuestro.
La APA, citada en el fallo del viernes, es una ley que los rivales de la administración Trump usaron para bloquear varios de sus movimientos clave. Fue la base de la decisión de la Corte Suprema de detener la terminación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) por parte de la administración Trump en 2020, así como la decisión de la Corte Suprema de bloquear la pregunta de ciudadanía del censo de Trump.
Más recientemente, fue la ley que fue la base de la decisión de un juez en Texas el mes pasado que dictaminó que DACA en sí era ilegal.
(Con información de CNN)
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