Organizaciones y activistas señalaron que Oaxaca está en “alerta máxima” y exigieron acciones contra la violencia feminicida que permea en la entidad en total impunidad debido a la inacción de las autoridades.
En un documento, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, recordó que el pasado martes Virginia y Adriana Ortiz García, integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) fueron asesinadas en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez.
Ambas eran hermanas de la también activista y defensora de los derechos humanos, Emelia Ortiz García.
De acuerdo con informes oficiales y reportes de prensa, las dos mujeres indígenas triquis fueron asesinadas en la capital de Oaxaca cuando descendían de un taxi al volver de su vendimia.
Ambas eran artesanas, víctimas de desplazamiento forzado, pues debido a la violencia registrada en la zona triqui tuvieron que migrar a la ciudad de Oaxaca para vender sus piezas textiles.
El atentado no es aislado ni casual. Las asesinadas recientemente y la activista Emelia Ortiz son primas también de las jóvenes Virginia y Daniela, víctimas de desaparición forzada en 2007, durante el gobierno del priista Ulises Ruiz Ortiz; su paradero aún es incierto.
A esos feminicidios se suma el de la enfermera del ISSSTE “Presidente Juárez”, Judith Vianney Toledo Santos, de 29 años y madre de dos menores, quien fue encontrada sin vida 12 días después de su desaparición.
También está el caso de Soledad C.G., de 20 años, reportada como desaparecida desde el 31 de octubre en Tuxtepec, y quien tras cinco días de búsqueda fue localizada sin vida.
A esa cadena de feminicidios impunes se agrega la desaparición de la defensora de derechos humanos y abogada ayuuk, Sandra Domínguez Martínez, quien lleva 34 días desaparecida.
“Ante esos lamentables hechos, quienes suscribimos, defensoras de derechos humanos, activistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, familiares de víctimas de feminicidio: ¡denunciamos que Oaxaca hoy se encuentra en alerta máxima!”, señala el texto.
Indicaron como indignante que ninguna mujer, tenga la edad que tenga y la región donde viva, pueda estar segura frente a la descomposición y falta de capacidad del estado de garantizar la vida y la seguridad.
Asimismo, denunciaron la ineptitud y desarticulación de las instituciones de gobierno, la omisión del estado para priorizar la atención de agresiones a mujeres con perspectiva de género y, sobre todo, el nulo interés por garantizar la vida de las mujeres.
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Además, aseguraron que “hay un andamiaje institucional responsable de esa ineficacia al momento de aplicar los protocolos de búsqueda y atención de violencia”.
