“Cometieron una injusticia conmigo”. Son algunas de las primeras palabras que pronuncia Diana Patricia Guzmán después de salir de la cárcel.
La mujer fue puesta tras las rejas a finales de mayo de este año en Veracruz por tener un aborto espontáneo. La Fiscalía del Estado, en cambio, la acusaba de homicidio doloso en razón de parentesco, lo que significa el asesinato de un familiar.
Las acusaciones, sin embargo, quedaron a partir del pasado 15 de septiembre sin ninguna validez, después de que el juez encargado del caso declarara que Guzmán es “inimputable” por tener un cierto grado de discapacidad intelectual.
“Lo primero que hice al salir fue abrazar a mi madre e ir a ver a mis hijos”, manifiesta.
El caso de Guzmán pudo haber pasado desapercibido como tantos otros en el país, pero ganó notoriedad a partir de que días antes de su liberación, la Suprema Corte de Justicia declarara que ninguna mujer puede ser encarcelada por abortar.
La Fiscalía, no obstante, aclara que el caso de Diana Patricia no está relacionado con el criterio de la Corte, sino con la revisión pericial que se hizo de la acusada, no porque se retiraran los cargos. La joven madre de tres niños tuvo la pérdida del embarazo presuntamente después de sufrir una agresión por parte de su pareja sentimental. En ese sentido la fiscal, Verónica Hernández Guidáns, señaló ante los medios que la defensa no permitió al comienzo de la investigación que la mujer fuera examinada.
“En el momento en que fue detenida su defensa no permitió que fuera valorada, afortunadamente el día que fue la audiencia se permitió esta valoración”, ha señalado.
Diana, que vive en el municipio de Oluta, compraba comida en un supermercado cuando sintió un profundo dolor en el vientre y una fuerte hemorragia. De acuerdo a la narración de Guzmán, había tenido un aborto espontáneo después de 6 meses de gestación. “Se me salió el bebé”, dice.
“Dos días después de aquello la Fiscalía da con ella, la llevan al hospital porque tenía una fuerte hemorragia y cuando sale de ahí, la detienen”, cuenta la periodista veracruzana Sayda Chinias, que ha dado seguimiento al caso desde el principio.
“No me querían llevar al hospital cuando me detuvieron. Fue mi mamá la que les insistió en que tenía que recibir atención”, cuenta Diana, que asegura que estaba muy asustada por todo lo que ocurría.
“La acusación por homicidio hacia esta mujer denota la falta de perspectiva de género en la investigación realizada hasta el momento, además acusa la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontánea, lo que representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos”, ha manifestado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto al caso de Guzmán.
“Muchas veces a una le pasa lo que me pasó a mí. Eres la víctima, no tienes la culpa de que se salga el bebé”, agrega Diana, desde la casa de sus padres, María Leticia y Ángel.
Diana fue diagnosticada con un embarazo de riesgo, pero tal y como cuenta, no podía dejar de trabajar ni de cuidar a sus otros tres hijos, de entre dos y seis años de edad. “No podía guardar reposo. Mi marido no me ayuda, tenía que hacer las cosas, dar de comer a mis hijos. Tengo un niño con autismo y hay que tenerle paciencia. Nadie me ayuda”, señala.
La penalización del aborto y el estigma que rodea perder un embarazo castiga a las mujeres más pobres, como Diana Patricia. Son ellas, las mujeres más vulnerables, las que acaban en las cárceles.
En este caso el penal donde estuvo encerrada Diana, solo queda a unas cuadras de su casa y del supermercado Soriana donde comenzó su pesadilla. En cuanto salió del hospital la Fiscalía giró una orden de aprehensión en su contra.
“Estos cuatro meses han sido muy difíciles para mí porque lo que quería era estar con mis hijos y sentí mucho dolor de haber perdido al hijo que estaba esperando”, afirma.
El 20 de julio, Veracruz se convirtió en la cuarta entidad, además de Ciudad de México y los Estados de Oaxaca e Hidalgo en despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación.
Solo en 2021, México abrió 432 carpetas de investigación por aborto en el país, de acuerdo con datos oficiales, sin embargo, casos como el de Guzmán demuestran que el número podría ser mayor.
También te puede interesar: La denuncia contra el ‘Mataperros de Playacar’ ya fue interpuesta ante el INM ¿permanecerá en México
“En realidad no tenemos los datos de cuántas mujeres están presas en el país por abortar porque en muchos casos fueron acusadas de otros delitos, como por ejemplo, homicidio en razón de parentesco” explica la exdiputada y política feminista Martha Tagle. “Las penas de prisión son mayores, no queda registrado como aborto y el pleito legal para defenderse será diferente”, precisa.
(Con información de: El País)
¡Ya estamos en Google News! Mantente al día con las noticias más importantes de México y el Mundo, haz clic aquí
