El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que se le descubrieran cuatro propiedades de alto valor.
La dependencia que dirige Santiago Nieto Castillo detectó que el magistrado presidente José Luis Vargas Valdez ha comprado residencias en Miami, Florida, Estados Unidos; así como en Valle de Bravo, Lomas de Chapultepec y Polanco.
De acuerdo con la declaración patrimonial del magistrado sus ingresos anuales son de 2 millones 400 mil pesos, con los que no le alcanzaría para adquirir estas lujosas propiedades.
La investigación que realizó la UIF sobre la compra de dichas residencias se concretó a mediados del 2019. En ella se señalan al menos cuatro inmuebles: uno en Valle de Bravo, Estado de México, con un valor de siete millones 100 mil pesos; otro en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, por el precio de seis millones 800 mil pesos; un departamento en Miami, Florida, valuado entre los seis y los 10 millones de pesos; y un departamento en Polanco, Ciudad de México, con un costo de tres millones 511 mil 900 pesos.
DENUNCIA
Ante los resultados de la investigación, la UIF que encabeza Santiago Nieto Castillo ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por las inconsistencias en la declaración patrimonial de Vargas Valdez.
Esta denuncia fue presentada desde el 2019, pero hasta la fecha la UIF no ha sido notificada respecto a algún avance del caso.
Sobre sus propiedades, el magistrado presidente ha dicho que comparte bienes con su esposa Mónica Bauer Mengelberg, quien es la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de PepsiCo. Y que ella habría puesto parte de los recursos para adquirir estos lujosos inmuebles.
Otro hecho que llama la atención es que hay depósitos en efectivo de hasta 500 mil pesos en las cuentas del magistrado. Y es que por ley ellos están impedidos a obtener otros ingresos debido a su cargo.
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En caso de avanzar las investigaciones, el magistrado presidente del TEPJF podría verse obligado a pedir licencia de su cargo en lo que se resuelve el caso.
De acuerdo con la UIF el funcionario habría gastado 217.3 por ciento más de sus ingresos declarados entre 2013 y 2018.
El magistrado por su parte se ha declarado inocente de los señalamientos hechos en medios como Milenio y Reforma, y asegura que la procedencia de sus recursos y patrimonio es legal.
