La diputada plurinominal de Jalisco por Morena, María de Jesús Padilla Romo, fue denunciada penalmente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado por el delito de falsificación y uso de documento falso.
La ahora legisladora presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un domicilio falso con el objetivo de obtener una credencial para votar y ser legisladora local.
Padilla Romo aseguró residir en la Unidad Habitacional El Zalate en Guadalajara, Jalisco, donde moradores y vecinos han declarado que la legisladora nunca ha sido vecina u habitante del lugar, lo que sustenta la acusación de haber utilizado documentación apócrifa.
Antes de convertirse en diputada, María Padilla era conocida en el municipio de Jalostotitlán, ubicado en Los Altos, donde tuvo una participación activa en la vida social y política. Su popularidad viene tras su paso por concursos: fue reina de belleza de la localidad.
Según la carpeta de investigación FED/JAL/GDL/0000670/2024, se giró un oficio de investigación con folio 121402919024 para que la Policía Federal Ministerial acudiera al domicilio indicado a realizar las indagatorias correspondientes, el 22 de febrero de 2024.
El resultado se da a conocer cinco días después, el 27 de febrero mediante el oficio FGR/AIC/PRM/UDN/JPFMJAL/1891/2024, en el que se describe que María de Jesús Padilla nunca habitó el domicilio que presentó ante el INE para obtener su credencial de elector.
La respuesta de los policías de investigación que visitaron el domicilio, confirma la denuncia contra la legisladora morenista de haber falsificado la dirección para poder obtener una residencia en Guadalajara para obtener su diputación plurinominal local.
De prosperar la denuncia que está sustentada con las investigaciones de la Policía Federal Ministerial, la aún legisladora local podría enfrentar una pena corporal de prisión.
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De acuerdo al Código Penal Federal sería de cuatro a ocho años de prisión, y una multa de 360 días de multa por mentir a una autoridad, y quedaría sin posibilidades de postularse a un nuevo cargo público, de conformidad con la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
