Aunque Pegasus es el software de espionaje más conocido en México, no es el único que ha sido contratado por gobiernos federales y estatales. Habría hasta siete que operan o han operado en nuestro territorio.
Los siete softwares de los que se tiene evidencia que han sido contratados por gobiernos federales y estatales mexicanos, según lo documentado por diversas organizaciones, son FinFisher, Galileo y DaVinci (de la empresa Hacking Team); y Geomatrix, Narus, Verint y Pegasus (este último de la firma NSO Group).
¿Cuáles han sido las instancias de gobierno que han contratatado en algún momento estos servicios? Pues la Fiscalía General de la República (FGR), el antiguo Cisen y las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), Seguridad Pública y de Gobernación (Segob). Así como 14 gobiernos estatales.
Las entidades que se han visto relacionadas con estas empresas que comercializan softwares de espionaje como Pegasus son: Puebla, Baja California, Campeche, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Yucatán, el Estado de México, Veracruz y Guanajuato.
Respecto a este tema, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló que el Gobierno mexicano firmó contratos desde 2012, bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, con la empresa vinculada a Pegasus.
Uno de los tantos problemas con estos programas de espionajes, es que tanto su compra como su uso fueron ilegales, pues se necesitan órdenes del Poder Judicial para ejercer vigilancia sobre otras personas, pero ninguna dependencia ni federal ni estatal contaba con estas autorizaciones.
Además, esto ha sido un gran negocio tanto para las empresas como los gobiernos. Y no ha existido ningún tipo de regulación.
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Habrá que estar al tanto de las investigaciones que se lleven a cabo en torno al uso de Pegasus y demás softwares de espionaje, que han servido para espiar a políticos opositores, sus familias, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, lo que ha vulnerado su intimidad, los ha puesto en peligro y es además un delito.
Con información de Sin Embargo.
