Cancún.- Elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) acudieron por segunda vez a las instalaciones de la empresa de seguridad “First National Security” (FNS) para disponer de todas las cajas de seguridad y trasladarlas a sus oficinas centrales en la Ciudad de México.
Cabe recordar que durante la primera visita el 9 de octubre, personal de la subprocuraduría habría asegurado el contenido de dos de esas cajas de seguridad e inmovilizado las restantes 148, relacionadas a la investigación FED/SEIDO/UEIDCS-PUE000740/2017, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud.
Aunque inicialmente fuentes señalaron que podría relacionarse a las pesquisas en contra del exgobernador Roberto Borge Anglo, después se confirmó que está dirigida al combate al narcotráfico, supuestamente del grupo de la detenida Leticia Rodríguez Lara, alias “Doña Lety”.
En ese momento, la empresa había ingresado un amparo, que a juzgar por la acción de hoy por parte de la autoridad federal, acabó perdiendo.
El operativo convocado para las 03:00 horas de hoy se implementó horas más tarde debido a cambios sin previo aviso determinados por el personal judicial, por lo que fue una tercia de horas más tarde que la diligencia se llevó a cabo, junto con el anuncio del traslado de las cajas a la Ciudad de México.
La acción afecta a los centenares de clientes que tiene esta empresa en Cancún, quienes tienen dinero en efectivo, especies de alto valor o documentos en estas cajas de seguridad, y que no tienen acceso a su contenido desde el pasado 9 de octubre.
Fuentes de la PGR aclararon a este medio que la confiscación se basa en una presunción razonable, el depósito de propiedades de dudosa procedencia o resultado de actos de corrupción o ilegales en diversas cajas, registradas con diversos nombres. No obstante, los dueños legítimos del contenido diverso de esas cajas que no estuvieran involucrados en actos ilegales, al presentar la documentación correspondiente están en todo el derecho de recuperarlos, explicaron.
Con la previa inmovilización y ulterior aseguramiento, lo que la autoridad judicial procura evita es que propiedades ilegítimas sean recuperadas por los presuntos delincuentes, a fin de evadir la acción de la justicia.
